Se destraba el diálogo por el catastro: campesinos aceptan ir a Bogotá y envían líderes tras días de bloqueos

A contrarreloj y en medio de la presión por destrabar los bloqueos, el proceso de diálogo por la actualización catastral empezó a moverse. Lo que hasta hace poco parecía estancado por falta de interlocutores, ahora muestra señales de avance con decisiones concretas que permitirían instalar la mesa nacional en Bogotá.

El giro se dio tras una llamada telefónica entre campesinos y el director del Igac, Gustavo Marulanda. En esa conversación, los manifestantes aceptaron asistir a la reunión programada para el 13 de abril a las 10:00 a. m., un paso que cambia el panorama frente a la incertidumbre que dominaba días atrás. Además, se autorizó el traslado de seis líderes del municipio de Lebrija para que participen directamente en la discusión.

Este punto era clave. Hasta ahora, el principal obstáculo para avanzar había sido la ausencia de voceros definidos, un requisito que el Gobierno nacional había señalado como indispensable para garantizar un diálogo efectivo. Sin representantes claros, el riesgo era instalar una mesa sin capacidad real de decisión o sin legitimidad frente a las comunidades.

La designación de estos seis líderes no solo destraba ese cuello de botella, sino también permite ponerle rostro a una negociación que busca responder a un malestar creciente en varias regiones del país. Aun así, persisten dudas sobre si estos voceros lograrán recoger la diversidad de posturas dentro de las movilizaciones, que no son homogéneas y tienen matices según cada territorio.

En paralelo, el gobernador de Santander confirmó que acompañará a los representantes de Lebrija en la mesa nacional. Su presencia tiene un doble propósito: respaldar institucionalmente el proceso y contribuir a que se logren acuerdos que permitan suspender las protestas y restablecer la movilidad en los corredores afectados.

El contexto de esta reunión es especialmente sensible. Las manifestaciones que detonaron esta crisis están relacionadas con el impacto de los avalúos catastrales en el impuesto predial. En distintos municipios, ciudadanos han denunciado incrementos que, en algunos casos, superan el 100%, lo que ha generado inconformidad, bloqueos y tensiones con las autoridades.

Días atrás, durante un encuentro entre el Gobierno y líderes sociales –algunos conectados de manera virtual desde departamentos como Santander y Boyacá– se había acordado la necesidad de formalizar la vocería para la mesa nacional. Sin embargo, ese compromiso no se había concretado, lo que puso en duda la viabilidad del espacio de negociación.

El retraso en la definición de representantes había encendido las alarmas dentro del Ejecutivo. Sin una contraparte organizada, cualquier intento de diálogo corría el riesgo de diluirse o de no traducirse en acuerdos aplicables en el territorio. Por eso, la confirmación de los seis delegados marca un punto de inflexión.

Aun así, el camino no está completamente despejado. La articulación interna de los movimientos sociales sigue siendo un reto, y la legitimidad de los voceros será clave para que las decisiones que se tomen en Bogotá tengan respaldo en las regiones. En procesos de este tipo, la representación no es un detalle menor, es la base sobre la que se construyen los acuerdos.

Mientras tanto, la presión por encontrar una salida rápida se mantiene. Los bloqueos han afectado la movilidad y la actividad económica en varias zonas, lo que incrementa la urgencia de activar mecanismos de concertación efectivos. Comerciantes, transportadores y ciudadanos han empezado a sentir los efectos de la parálisis, lo que añade un nuevo componente a la crisis.

Desde el Gobierno, el mensaje sigue siendo el mismo, hay disposición para dialogar y encontrar soluciones de fondo. Sin embargo, también se insiste en que el avance depende de que existan condiciones mínimas de organización y voluntad por parte de los manifestantes.

Por ahora, la reunión en Bogotá se mantiene en firme y se perfila como un momento decisivo. Lo que ocurra allí podría definir no solo el rumbo de las protestas, sino también la capacidad del Estado para responder a una problemática que combina factores técnicos, fiscales y sociales.