Más de $190.000 millones en contratos de vigilancia del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) están bajo escrutinio tras una queja presentada ante la Procuraduría y la Contraloría por posibles irregularidades en los procesos de licitación.
La denuncia, que fue realizada por la Red de Veedurías de Colombia y conocida por Infobae Colombia, señala que los contratos estarían diseñados para favorecer a un número reducido de empresas del sector de seguridad privada.
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El documento fue radicado por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia; está dirigido contra el director del Sena, Jorge Londoño, la secretaria general, Katerine Grimaldos Cárdenas, y otros funcionarios de la entidad.
Según la queja, los pliegos de condiciones habrían incluido requisitos que solo ciertas compañías podrían cumplir, como Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda.
La denuncia describe procesos contractuales en distintas regionales: Sena Meta, con contratos cercanos a $33.305 millones; Sena Cundinamarca, por $38.860 millones; Sena Risaralda, con $41.174 millones; y Sena Sucre, con alrededor de $48.019 millones.
En varios de estos casos, solo se presentó un proponente, lo que restringiría la competencia y consolidaría un patrón de adjudicación repetitiva, de acuerdo con la denuncia.
La queja también detalla municipios como Tocancipá, Cajicá, Chía, Tenjo, Cota y Mosquera, donde se habrían replicado los mismos perfiles y requisitos técnicos, incluyendo títulos de posgrado, acreditaciones ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, experiencia mínima en cargos directivos y certificaciones en normas de gestión internacional.
De acuerdo con la denuncia, estos parámetros restringen la participación y replican perfiles utilizados en procesos similares de otras entidades, como la Alcaldía de Barrancabermeja, la Alcaldía de Cartagena y la Alcaldía de Chía.
Denuncian pliegos sastre y favoritismo en adjudicaciones
Bustos afirmó por medio de la queja formal dirigida al Ministerio Público que: “Los procesos de seguridad privada del Sena por más de $190.000 millones se han venido desarrollando con pliegos sastre, requisitos que solo cumple un oferente y audiencias en donde no asiste ni el ordenador del gasto”.
Y es que la organización advierte que esta situación podría afectar la moralidad pública y el patrimonio colectivo. La Red de Veedurías solicitó investigar la posible responsabilidad disciplinaria y fiscal de los funcionarios involucrados y adoptar medidas que eviten la concentración de la contratación pública en pocas manos.
Además, la denuncia incluyó pruebas documentales y menciona casos similares en otras instituciones, como la Universidad Nacional, que declaró desierto un contrato de vigilancia por $98.000 millones.
La organización advierte que este patrón contractual podría repetirse en otras entidades públicas, de igual manera, afirmó que permanecerá atenta a las investigaciones y colaborará con información adicional.
Fuentes de Infobae Colombia indicaron que la queja busca evidenciar un “presunto cartel de contratación en la vigilancia y seguridad privada del Sena, donde contratos por pliegos sastre habrían favorecido a empresas específicas y se intenta repetir la figura en varias regionales del país”.
Requisitos considerados restrictivos por parte de la Red de Veeduría
La organización ciudadana detalla que los pliegos de condiciones de los contratos de seguridad privada en el Sena exigen una combinación de requisitos que resultan inusuales en la industria y limitan la posibilidad de participación de otros oferentes.
Entre las exigencias se incluyen títulos de posgrado en administración de la seguridad, experiencia certificada como consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, formación en normas ISO, auditorías internas y experiencia laboral mínima en cargos directivos.
Para el cargo de director de operaciones, por ejemplo, se solicita ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, título profesional en ciencias militares, posgrado en gerencia de recursos humanos, acreditación como consultor y experiencia de quince años en cargos directivos.
Además, los coordinadores operativos y supervisores deben demostrar formación técnica, diplomados en alta dirección, auditorías en normas internacionales, experiencia mínima de cinco años y vinculación laboral previa.
El documento indica que estos criterios, junto con requisitos adicionales como permisos de uso de espectro radioeléctrico, licencias SST vigentes y formación como poligrafista o auditor en gestión antisoborno, configuran un panorama en el que solo un número muy reducido de empresas puede cumplir con las exigencias, hecho que se reflejaría en la reiterada adjudicación a los mismos oferentes.
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