La incautación de memorias USB durante una operación reciente en el departamento del Chocó expuso comunicaciones internas inéditas del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— que describen en detalle el esquema de pagos y el plan político interno de la organización, así como indicios sobre el reclutamiento selectivo de nuevos miembros.
De acuerdo con información revelada por Noticentro 1, los archivos electrónicos incautados incluyen conversaciones entre tres de los principales líderes del denominado Bloque Central.
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Entre los datos más significativos figuran los montos asignados para la nómina criminal, cuyas sumas distribuidas van de diez millones de pesos para los comandantes de zona a cinco millones para los segundos de zona.
“Los comandantes de zona de a $10 millones, los segundos de zona de a $5 millones, los políticos del frente $5 millones, el político encargado del frente, $8 millones el segundo de él, y de a $5 millones el resto de políticos sociales”, se escucha en la grabación revelada por el noticiero nacional.
En otra grabación, se menciona el desembolso de 50 millones de pesos como supuesta gratificación extraordinaria. “Usted 50 millones de pesos… 50 Amparito… Esperamos que eso sea de magnífica gratificación para ustedes y de agradecimiento del bloque y del mismo frente”, mencionó el presunto integrante del EGC.
Más allá del componente financiero, los audios también documentan procesos de formación interna en zonas donde el Clan no enfrenta confrontación armada.
Una segunda memoria, identificada por Noticentro 1, atribuye al alias Monseñor —nombre cuya identidad aún verifican las autoridades— la coordinación de cursos en Derecho, Contabilidad y Administración, con el propósito de dotar a los mandos de herramientas políticas, financieras y administrativas.
“Hay que preparar a la gente en todos esos ámbitos: explosivos, político, financiero… que esos mandos salgan sabiendo qué es política, qué es finanzas, la parte administrativa”, indica uno de los extractos.
Parte de la estrategia es la contratación de un “político” responsable de orientar a los integrantes en temas de interacción civil y derechos.
Las instrucciones, halladas en los dispositivos, también sugieren la creación de células de cuatro o cinco integrantes, subrayando la necesidad de un proceso de selección exhaustivo. “Recluten gente joven… el que lo recluta vea de dónde es la familia, cuántos años tiene, qué problemas ha tenido, si tiene problemas de columna, si ha sido operado”, manifiesta un integrante del grupo armado en los audios.
La revelación de las grabaciones sobre los montos económicos establecidos en el Clan del Golfo se suma al informe presentado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en la que se evidenció que la nómina asciende a 1,5 millones de dólares (más de 5.500 millones de pesos colombianos), respectivamente.
Incumplimiento del Clan del Golfo con reclutamiento de menores
La filtración de estos audios se produce al tiempo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que el Clan del Golfo no ha realizado la entrega de menores reclutados, incumpliendo el compromiso central adquirido con el Gobierno de Gustavo Petro durante los diálogos de paz iniciados en septiembre de 2025 en Doha.
Ante una consulta formal elevada por la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) quien había alertado sobre el incumplimiento del acuerdo por parte del grupo armado, la entidad oficial respondió por escrito que “no ha recibido adolescentes provenientes del grupo armado Clan del Golfo, producto de una entrega o desvinculación en el marco de un proceso de paz o sometimiento”. La entidad aclaró además que no se ha activado ningún procedimiento especial de restablecimiento de derechos vinculado a este proceso.
El compromiso formal incluía un censo interno que la organización armada debía realizar para identificar posibles casos de menores en sus filas. Una vez verificados, los niños y adolescentes serían puestos a disposición del ICBF para garantizar el restablecimiento de sus derechos y la protección integral que exige la ley. Hasta el momento, estos mecanismos no se han traducido en ninguna entrega concreta.
Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en septiembre de 2025 documentó 88 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia entre enero y agosto de ese año. De estos, 21 casos fueron atribuidos al Clan del Golfo.
Las cifras demuestran que la práctica sigue vigente, principalmente en territorios con presencia institucional limitada, hecho que refuerza la gravedad del dilema ante la falta de acciones palpables en la negociación.
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