Benedetti anuncia plan contra “sicariato, microtráfico y extorsiones” en Barranquilla

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó las decisiones adoptadas tras el consejo de seguridad realizado el recientemente en Barranquilla, en medio de un panorama que describió como complejo en materia de orden público. La rueda de prensa se llevó a cabo luego del encuentro convocado para evaluar la situación en la capital del Atlántico, según reportó Semana.

Durante su intervención, el funcionario señaló que la ciudad enfrenta dificultades asociadas al “sicariato, el microtráfico y las extorsiones”. Estas problemáticas, indicó, han incidido en el aumento de hechos violentos que afectan a distintos sectores de la población en la región Caribe.

Benedetti también expuso que el consumo de drogas ilícitas constituye otro factor que agrava el contexto local. En ese sentido, afirmó: “la demanda de estas sustancias fortalece a las mafias y, en consecuencia, genera mayores índices de violencia en la región”.

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El Gobierno nacional anunció una estrategia integral que combina acciones en salud mental con un incremento del despliegue de la fuerza pública en los sectores priorizados. El ministro explicó que se iniciará un proceso de verificación e implementación de programas enfocados en la educación y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas como parte de una respuesta estructural.

Las medidas contemplan el fortalecimiento del acompañamiento psicológico integral dirigido a personas con problemas de adicción. De acuerdo con lo indicado, esta línea de acción busca atender factores asociados al consumo que, según lo expuesto en el consejo, impactan la dinámica de seguridad en la ciudad.

El consejo de seguridad fue convocado y presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En la reunión participaron autoridades de Barranquilla y de los municipios de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, quienes evaluaron de manera conjunta los principales indicadores y situaciones reportadas en el área metropolitana.

Durante el encuentro se concluyó que los retos más significativos se concentran en delitos como el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión. Estas conductas, según lo discutido, requieren intervenciones coordinadas entre entidades nacionales y territoriales para fortalecer la capacidad de respuesta institucional.

Como respuesta inmediata, el Ministerio de Defensa dispuso el aumento de la presencia de la fuerza pública en las zonas identificadas como más críticas. Inicialmente se desplegarán 200 uniformados de la Policía Comunitaria y más de 60 integrantes del grupo de Infancia y Adolescencia, con el propósito de reforzar la vigilancia y las labores preventivas.

El ministro Pedro Sánchez indicó que una parte relevante de las extorsiones registradas en la zona estaría relacionada con estructuras criminales organizadas. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía afectada por este delito para que formalice las denuncias ante las autoridades competentes, con el fin de avanzar en procesos de desarticulación.

En el marco de la estrategia, también se confirmó que el Ejército Nacional desplegará unidades del Gaula Militar y patrullas motorizadas en puntos considerados estratégicos dentro de Barranquilla y su entorno metropolitano. Estas acciones buscan fortalecer la presencia institucional en áreas donde se han identificado mayores riesgos.

El plan contempla coordinación entre los ministerios del Interior y de Defensa, autoridades locales y organismos de seguridad para atender de manera simultánea prevención, control y judicialización. La articulación fue presentada como un componente central de la estrategia definida tras la evaluación realizada en el consejo.

Benedetti subrayó que el Ministerio de Defensa será la entidad encargada de comunicar de manera detallada las medidas específicas adoptadas para proteger a la ciudadanía. El enfoque, según lo anunciado, integra intervenciones en el ámbito social y operativo para incidir en las causas y manifestaciones de la criminalidad.

La sesión de trabajo permitió recopilar información de los distintos municipios del área metropolitana y establecer líneas de acción compartidas. Las autoridades coincidieron en que el fortalecimiento de la presencia policial y militar debe complementarse con iniciativas orientadas a la prevención del consumo y la atención a poblaciones vulnerables.

Las decisiones adoptadas el 20 de febrero se enmarcan en una evaluación conjunta sobre la situación de seguridad en Barranquilla y su entorno, con la participación de representantes del orden nacional y territorial, quienes definieron un conjunto de medidas orientadas a enfrentar los delitos priorizados en la región.