En la tarde del 1 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de José Gonzalo Sánchez, conocido como alias Gonzalito, señalado como el segundo máximo cabecilla del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
De acuerdo con reportes oficiales, y posteriormente informado por el grupo armado, este hombre falleció en un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, registrado el viernes 30 de enero, mientras se dirigía a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para participar en un ciclo de diálogos con el Gobierno nacional.
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José Gonzalo Sánchez, que también es conocido con los seudónimos de Willington, Ramiro y Chimbita, hacía parte del Estado Mayor Conjunto del EGC y era uno de los líderes del grupo armado en las conversaciones de paz que iniciaron en Doha, Catar.
Con la muerte de alias Gonzalito se deja abierta la incógnita sobre el relevo en la dirección de las operaciones del grupo y reconfigura el mapa interno de poder, especialmente en lo referente al control de las finanzas y la expansión territorial.
Quién tomaría el mando de ‘Gonzalito’
De acuerdo con los informes de inteligencia militar y los carteles de búsqueda publicados por la fuerza pública, tras el fallecimiento de alias Gonzalito, al menos seis hombres se disputarían su lugar, teniendo en cuenta que el máximo líder del Clan del Golfo sigue siendo Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido como alias Chiquito Malo.
Entre los nombres que estarían para suceder se encuentran José Elías Cortés Velásquez, alias Chalia, quien ha sido identificado como enlace operativo y financiero relevante para las operaciones de narcotráfico, con una recompensa vigente de 500 millones de pesos.
En el cartel también figura alias Chibolo, identificado como Nedier Alexander Moreno Guisao, buscado por homicidios, persecución a defensores de derechos humanos y la afectación directa a la implementación de los acuerdos de paz en Urabá y Antioquia.
Además, se destaca alias Richard, cabecilla principal del Frente Central Urabá, responsable de la autoría intelectual de ataques a la fuerza pública en el occidente antioqueño. La Policía mantiene una recompensa de 500 millones de pesos para dar con su paradero, diferenciándolo de otros sujetos aprehendidos anteriormente bajo el mismo alias en la región.
En el nordeste Antioqueño, alias Pinky es identificado como cabecilla financiero y coordinador de desplazamientos forzados, con una oferta de hasta 640 millones de pesos por información que permita su ubicación. Las autoridades advierten que no debe confundirse con un delincuente local capturado en 2025 en Bogotá bajo un alias similar.
Los nombres de Osneider Ruiz Arroyo y Rober Alexander Martínez Velásquez se destacan en el último tramo de los boletines policiales, siendo considerados piezas clave en la ejecución de crímenes que han puesto en riesgo a líderes sociales y defensores de derechos humanos en regiones como los departamentos del Chocó, Antioquia y Córdoba, respectivamente.
Las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos como recompensa por información que facilite la localización de Ruiz Arroyo, quien está señalado por su rol en actividades sicariales y control de territorios en disputa dentro de las rutas del narcotráfico.
Finalmente, se contempla el nombre de Urainer Gilberto Córdoba Buenaventura, alias Tocayo, quien aparece en el cartel de los más buscados junto a “Chibolo”, y que es requerido por concierto para delinquir y acciones contra la seguridad de líderes sociales. Por él se ofrece una recompensa de 50 salarios mínimos.
Quién era ‘Gonzalito’
Oriundo de Montería (Córdoba), José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, acumulaba un historial delictivo consistente y de largo alcance. Su nombre figuró en la desmovilización del Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Posteriormente, desde finales de 2017, lideraba el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez dentro del Clan del Golfo, estructura compuesta por seis frentes y una comisión, con 1.246 integrantes activos en Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar, según informes de inteligencia.
Sobre el fallecido pesaban múltiples órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.
Además, el gobierno de Estados Unidos había solicitado su extradición en función de su papel en el envío de cargamentos de cocaína a ese país.
En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió concepto favorable a la extradición tras considerar que era el segundo al mando en la estructura criminal, bajo la dirección de alias Chiquito Malo. El Estado colombiano ofrecía una recompensa de $5.000 millones por información que permitiera su captura.
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