El Congreso de la República activó el proceso para seleccionar al próximo Contralor General de la República para el periodo 2026–2030, dando inicio a uno de los mecanismos centrales de control fiscal en Colombia, según una resolución difundida por Caracol Radio.
“Por medio de la cual se efectúa una convocatoria pública y se selecciona una institución de educación superior a fin de adelantar la convocatoria para elegir Contralor General de la República para el periodo 2026-2030”, dice la resolución 004 expedida el viernes 30 de enero.
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Entre los puntos destacados del proceso, la Universidad de Cartagena fue designada como la entidad responsable de evaluar a los candidatos, incluyendo la administración de pruebas de conocimientos y la valoración de hojas de vida, lo que posiciona a la institución como protagonista en una elección bajo seguimiento de actores políticos, académicos y órganos de control debido a la importancia del cargo en la lucha contra la corrupción.
El cronograma oficial establece que las inscripciones estarán abiertas del 9 al 12 de marzo de 2026. Posteriormente, el Congreso verificará los requisitos y las eventuales inhabilidades de los aspirantes.
La prueba de conocimientos, de carácter eliminatorio, se realizará el 20 de abril de 2026, y los resultados serán publicados antes de finalizar ese mes, permitiendo avanzar a la selección y valoración de hojas de vida.
Para acceder a la siguiente etapa, al menos 20 candidatos deberán aprobar las pruebas, que serán llamados a audiencias públicas ante una Comisión Accidental del Congreso. La lista final de elegibles quedará reducida a diez personas.
La elección del Contralor General tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 ante el Congreso en pleno, con la votación definitiva que definirá quién liderará la vigilancia fiscal durante el siguiente periodo presidencial.
La Contraloría advierte riesgos por reducción del límite de inversiones externas en pensiones
La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda, que busca reducir el límite global de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP, podría provocar una disminución significativa en la rentabilidad de los ahorros pensionales, un incremento de la presión fiscal y riesgos para la estabilidad financiera del sistema de pensiones.
La entidad enfatizó que una menor rentabilidad de los fondos trasladaría al Estado la responsabilidad de cubrir las pensiones mínimas, lo que aumentaría el déficit fiscal y pondría a prueba la sostenibilidad del sistema, especialmente en los próximos veinte años.
En su análisis, la Contraloría General de la República remarcó que si se concreta la repatriación de aproximadamente $177,8 billones en 2030, tal como proyecta el borrador del decreto, los afiliados podrían perder rentabilidades cercanas a 3,7% sobre esos recursos, lo que equivaldría a $3,2 billones menos en las cuentas individuales.
Estas cifras surgen de las estimaciones citadas por la entidad y constituyen uno de los escenarios más complejos para los fondos bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad, que, según la Superintendencia Financiera, administraban un total de $529,1 billones al cierre de 2025, con un desempeño de rentabilidad promedio de 6,43% en los últimos cuatro años.
El proyecto establece una reducción paulatina del límite de inversión internacional, que pasaría del 49% actual al 30% en cinco años.
Durante la etapa transitoria, el tope se situaría en 35% en los primeros tres años. De acuerdo con las proyecciones oficiales, a 2028 el límite llegaría a 35%, es decir, $274,2 billones, y en 2030 caería a 30%, unos $306,3 billones.
Esta modificación obligaría a destinar a inversiones en el mercado local cerca de $100,3 billones en 2028 y aproximadamente $177,8 billones en 2030, lo que incrementaría la proporción de portafolios invertidos en Colombia del 51% actual al 69%, un aumento de 18 puntos porcentuales.
El informe técnico de la Contraloría subrayó los desafíos asociados a un aumento tan voluminoso de recursos en el mercado local, principalmente porque no existe certeza sobre la capacidad del país para ofrecer alternativas de inversión suficientes que absorban ese flujo.
El análisis recuerda que la diversificación internacional ha beneficiado a los fondos de pensiones: desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado, que incluye activos locales y extranjeros, logró una rentabilidad promedio anual de 8,5%, en tanto que un portafolio invertido solo en Colombia habría alcanzado alrededor de 3,8% anual en igual periodo.
El organismo resaltó, además, la diferencia en los rendimientos históricos entre inversiones locales e internacionales. Según las simulaciones presentadas, si un millón de pesos se hubiera invertido en 2011 exclusivamente en activos internacionales, su valor hoy sería cercano a $3,2 millones (rentabilidad de 8,5% anual), mientras que idéntica inversión en el mercado interno habría alcanzado $1,6 millones, con una tasa promedio anual de 6,8%.
Esta brecha representaría que un trabajador obtendría un saldo hasta 29,5% menor al momento de jubilarse, lo que impacta de manera proporcional el valor de la mesada pensional.
En el contexto de la Ley 2381 de 2024, que actualmente revisa la Corte Constitucional y que introduce reformas sustantivas al sistema de pensiones, la Contraloría advirtió que las proyecciones muestran una disminución en el número de afiliados activos desde 2037, junto con un aumento sostenido en el número de pensionados.
La entidad enfatizó que, dado el esquema de reparto operativo en Colpensiones, una caída en los recursos transferidos desde las AFP por menores rendimientos agravaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a incrementar los recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente durante el lapso comprendido entre 2037 y 2052.
La Contraloría General de la República insistió en la necesidad de que la discusión sobre la repatriación de inversiones anteponga la protección del ahorro pensional, la sostenibilidad del esquema y el interés de los afiliados, consideraciones que juzga esenciales para preservar la confianza pública en el sistema de pensiones.
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