La violencia intrafamiliar constituye un fenómeno persistentes que afectan a miles de personas en el país, vulnerando derechos fundamentales y poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de las víctimas.
Estos actos, caracterizados por agresiones dentro del entorno familiar, generan consecuencias profundas en las dinámicas sociales y familiares e impulsa la intervención de instituciones judiciales y organismos especializados para su prevención, atención y sanción.
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A propósito, agentes de la Policía Nacional materializaron la orden de captura de un hombre de 38 años en vía pública de Cali (Valle del Cauca) por su presunta responsabilidad en agresiones contra su expareja, en hechos ocurridos entre 2015 y 2021 en las localidades de Bosa (Bogotá) y Soacha (Cundinamarca).
El caso fue investigado por una fiscal del Centro de Atención para Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif) de Soacha, que determinó que el presunto agresor sometía de manera constante a la mujer, de 39 años, a violencia física, económica y psicológica.
Entre los hechos documentados figuran exigencias económicas, amenazas, agresiones y un ataque con arma cortopunzante.
Según la investigación liderada por la fiscal, en 2015 el hombre habría exigido a la víctima el pago de $2.500.000 a cambio de no ocasionarle daño. A pesar de ello, el señalado llegó hasta la vivienda de la mujer en Bosa, donde rompió los vidrios de las ventanas, situación que motivó a la víctima a trasladar su residencia a Soacha.
En mayo de 2017, la mujer fue, presuntamente, amenazada y golpeada en repetidas ocasiones por el hombre en una vivienda del conjunto residencial Nuevos Horizontes en Soacha. Posteriormente, en 2021, se registró la última amenaza contra la vida de la víctima, cuando el procesado la habría atacado con un arma cortopunzante en su domicilio.
Por estos hechos, la Fiscalía trasladó el escrito de acusación contra el procesado, imputándole el delito de violencia intrafamiliar agravada. El señalado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
El insólito proceso judicial de una madre y su hija víctimas de violencia sistemática
La Fiscalía General de la Nación prepara una acusación formal por violencia intrafamiliar contra Mario Fernando Zamora, señalado de agredir física y psicológicamente a su esposa, Lyda Vianey Erazo Bravo, y a su hija durante casi veinte años en Bogotá, según información obtenida por La FM.
El proceso judicial avanza bajo la sospecha de un posible riesgo de fuga, ya que Zamora no ha comparecido ante las autoridades judiciales pese a múltiples citaciones.
De acuerdo con datos recopilados por el citado medio, Zamora habría ejercido violencia física, psicológica y económica de manera sistemática contra su núcleo familiar.
Las víctimas expusieron su situación en febrero de 2025 mediante una carta dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que relataron casi dos décadas de agresiones e hicieron énfasis en el temor por sus vidas.
La misiva también advertía que, pese a los antecedentes de maltrato, en algún momento la Fiscalía abrió una investigación en su contra por una supuesta falsa denuncia promovida por Zamora, proceso que finalmente no prosperó.
Según la correspondencia conocida por la Fiscalía, madre e hija solicitaron protección especial al considerar que el escenario judicial y familiar representaba un peligro constante para su integridad. El documento incluía un examen forense elaborado por las autoridades, el cual confirmó la presencia de distintas modalidades de violencia en la relación entre Erazo y Zamora.
Durante el proceso, el medio estableció que Zamora fue citado en varias ocasiones a diligencias judiciales para responder por los hechos imputados, sin que se presentara ante la justicia.
El acusado, en declaraciones ante una comisaría de familia recogidas en la carta citada por el medio, calificó los procesos iniciados por su esposa e hija como una “seguidilla de daños” a su imagen personal y advirtió sobre posibles consecuencias graves si continuaban.
Ante el incremento del riesgo, Lyda Erazo y su hija abandonaron el país por razones de seguridad. Desde el exterior, ambas continúan solicitando a las autoridades que prioricen la protección de sus derechos fundamentales y garanticen una actuación judicial diligente, ya que actualmente no cuentan con ningún tipo de protección frente a nuevas agresiones.
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