
La representante a la Cámara por Arauca, Lina Maria Garrido, expresó su postura crítica frente al Gobierno Nacional a través de un mensaje difundido el viernes 16 de enero de 2026, luego del rechazo a acogerse al decreto de emergencia económica que anunció el presidente Gustavo Petro junto a la cartera de Hacienda.
En su declaración, Garrido calificó como “paradójico” que los gobernadores deban salir en defensa de los recursos departamentales ante las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro.
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“Paradójico que hoy les toque a los gobernadores salir a defender la platica de las garras de su propio presidente @petrogustavo, un presidente desconectado, experto en hablar m..., en corrupción, en despilfarrar y en viajar por el mundo”, escribió la mañana del viernes 16 de enero de 2026 y desde su cuenta de X la congresista del partido Cambio Radical.
En el mismo mensaje, la representante recalcó: “Un gobierno serio y decente fortalece a las regiones, les gira recursos a los departamentos y les cumple. Este gobierno petrísta hace lo contrario: les mete la mano al bolsillo y les quita sus recursos PERO las obras NO SE VEN!!”.

La congresista también cuestionó la ausencia de proyectos estratégicos de alto impacto ejecutados por el Gobierno Nacional en los departamentos.
“No existe un solo departamento en #Colombia que hoy pueda mostrar un proyecto estratégico de alto impacto ejecutado por el gobierno de #Petro. Ni uno”, puntualizó Garrido en su publicación.
Dilian Francisca Toro explicó por qué ella y los otros 16 gobernadores no aplicaron el decreto de emergencia
Diecisiete gobernadores colombianos han rechazado la implementación del decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, al considerar que tendría consecuencias negativas para las finanzas y la autonomía de los departamentos.
Al respecto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, una de las principales opositoras a la directriz nacional, advirtió que la centralización de los recursos provenientes de impuestos a licores y cigarrillos agravaría la crisis fiscal de las regiones y afectaría directamente los servicios básicos, como salud, educación y seguridad, fundamentales para las poblaciones locales.
En entrevista concedida a Caracol Radio - W, Toro destacó la mañana del viernes 16 de enero de 2026 que el desacuerdo de los mandatarios regionales no debe entenderse como un enfrentamiento con el Ejecutivo.
“Yo creo que esta no es una confrontación, es poderle decir al país y decirle al gobierno que cuando se toman decisiones hay que prever qué efectos negativos va a generar en la gente, en la comunidad, no tanto con nosotros, solamente nosotros”, expresó la gobernadora.
De paso, la excongresista añadió que el objetivo del comunicado difundido por la Federación Nacional de Departamentos (FND) reside en alertar sobre el riesgo de colapso de las finanzas públicas departamentales si se centralizan estas rentas.
Toro informó que el lunes 19 de enero de 2026 los gobernadores tienen previsto reunirse con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para discutir alternativas y buscar que el Gobierno nacional reconsidere la medida.
Mientras tanto, los departamentos se preparan para presentar acciones jurídicas y tutelas en defensa de lo que consideran derechos fundamentales.

La mandataria explicó: “La única forma, eso lo vamos a hacer personalmente cada gobernador, pero con un sustento jurídico, porque eso es lo que estamos precisamente analizando para hacerlo”.
La preocupación central planteada por los gobernadores gira en torno al impacto fiscal de la centralización de los ingresos derivados de los tributos a licores y cigarrillos, que a lo largo de la historia reciente del país han sido recursos cedidos de manera constitucional a los departamentos.
“Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación”, advirtió la mandataria departamental.
Además, la dirigente regional detalló que la rentabilidad de estos productos ha disminuido de manera drástica por el incremento del contrabando.
En el caso del Valle del Cauca, la renta se ha reducido en 40%, afectando los pagos del régimen subsidiado de salud. “Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice: de todas maneras, tiene que pagar el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ver cómo logramos de rentas propias pagar el excedente”, argumentó Toro.
La líder vallecaucana expuso que “es a la gente, es a la comunidad (la que se afectaría de forma directa), porque es a la salud, es a la educación, es al deporte (por la aplicación del decreto). Es decir, no vamos a tener recursos ni siquiera para pagar régimen subsidiado, que es uno de los problemas que tenemos hoy por el contrabando del cigarrillo y el contrabando del licor”.

Uno de los efectos concretos descritos por Toro sería el incremento significativo en el valor de estos productos: “Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos, va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central”, argumentó la gobernadora.
En cuanto al respaldo jurídico de la negativa de los gobernadores, Toro aseguró que la decisión está fundamentada en la defensa de la autonomía financiera regional y en estudios jurídicos sólidos.
La repercusión del decreto, según la gobernadora, se extendería a todos los servicios públicos departamentales, generando una crisis que acentuaría problemas en infraestructura, atención social y seguridad.
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