Durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la coalición del Pacto Histórico, prometieron la prohibición total del glifosato en las tierras colombianas. Sin embargo, a 228 días para finalizar el mandato, el Gobierno de izquierda confirmó que empezará la aspersión, como parte de su estrategia para contrarrestar la proliferación de los cultivos de hoja de coca, que han llegado a cifras a todas luces exorbitantes.
Al hoy jefe de Estado, el periodista Félix de Bedout le sacó a relucir el 22 de diciembre de 2025 una publicación del 14 de abril de 2021, antes de inscribirse como candidato, en el que hacía lo que podría considerarse una de sus primeras promesas de Gobierno. “En el gobierno del ‘Pacto Histórico’ no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria. El pacto histórico es un pacto con las familias campesinas y con el agua”, afirmó.
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No obstante, Petro pasó del rechazo rotundo a darle luz verde a la reactivación de la aspersión, guiado por el aumento récord de cultivos ilícitos, que según datos de la ONU llegó a 253.000 hectáreas para finales de 2023, y la presión ejercida por grupos armados sobre la población rural, como las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, enfrentadas entre sí; y otras organizaciones al margen de la ley que viven del narcotráfico.
En torno a esta decisión, el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga Franco, anunció el comienzo de esta etapa. “Colombia va a iniciar una aspersión terrestre, a través de drones, con glifosato. Es una aspersión terrestre controlada que se hará, fundamentalmente, en aquellos lugares donde grupos armados ilegales estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, sostuvo el ministro Idárraga, frente a lo que será esta estrategia con el cuestionado químico.
¿Por qué Gustavo Petro cambió de postura frente al glifosato?
El giro en la política del Ejecutivo coincide sin duda alguna con una crisis de seguridad en varias regiones de Colombia, en las que guerrillas como el ELN, disidencias y estructuras herederas de los antiguos paramilitares han incrementado la presión violenta y la coacción sobre la población civil. “Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también”, advirtió el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En aquel consejo de seguridad, en el que se analizó la situación de territorios como Buenos Aires, en Cauca, se dio vía libre a la utilización de este componente, el reconocido herbicida sistémico de amplio espectro, para avanzar en la erradicación; pese a que en su administración hubo figuras que se opusieron de forma radical a su empleo: una de ellas, la exministra de Ambiente Susana Muhamad, a la que la noticia no tuvo que haberle causado agrado.
En ese orden de ideas, se empezará a implementar la estrategia gubernamental ahora combina el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat) con la tecnología de drones y la contratación de miles de litros del herbicida para una aplicación focalizada. Todo esto, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la Coerte Constitucional, que permite la fumigación solo si se delimitan con precisión las zonas intervenidas.
Además de garantizar que este tipo de sustancias no causarán afectaciones a la salud y al medio ambiente; y se considera las posiciones de las poblaciones que pudieran verse en riesgo. Y es que ante la presión de Estados Unidos, en un escenario de descertificación en la lucha antidrogas, y los constantes señalamientos de Donald Trump a Petro, al que ha llamado “aliado del narcotráfico”, parecen haber hecho mella en el gobernante para autorizar esta ofensiva.
Y es que, según datos extraídos del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la producción de cocaína habría superado las 3.000 toneladas en 2024. En paralelo a la cuestión de los cultivos ilícitos, el uso agrícola del glifosato ha continuado de manera legal, pues más del 95% de este herbicida es destinado a la agricultura comercial —maíz, soja, frutas y verduras— y aplicado de forma manual, sin restricciones.
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