
El ciudadano islandés Borkelsson Hogni Kjartan fue enviado a un centro carcelario tras haber sido señalado de ofrecer dinero a una menor de 16 años para mantener relaciones sexuales y de haberla agredido sexualmente en una vivienda de Medellín, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La investigación determinó que, en la madrugada del 6 de diciembre, el extranjero se habría acercado a la adolescente en el sector de San Diego y le propuso entregarle dinero a cambio de un encuentro sexual.
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Posteriormente, ambos se dirigieron a una vivienda en el barrio Simón Bolívar, donde, de acuerdo con la Fiscalía, el hombre presuntamente sometió a la menor a un acto sexual en contra de su voluntad.
“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano islandés Borkelsson Hogni Kjartan, por su presunta responsabilidad en ofrecer dinero a una menor de edad de 16 años, a cambio de sostener un encuentro sexual”, puntualizó el organismo judicial.

La adolescente logró escapar de la vivienda tras la agresión y denunció lo ocurrido ante las autoridades, lo que permitió activar el proceso judicial. La Fiscalía aclaró que la privación de la libertad fue solicitada con el objetivo de proteger a la víctima y salvaguardar el curso de la investigación.
Durante la audiencia, el ciudadano islandés fue imputado por los delitos de demanda de explotación sexual de menor de 18 años agravada y acceso carnal violento. El procesado, sin embargo, no aceptó los cargos formulados en su contra, según señaló la Fiscalía General de la Nación.
Este caso quedó bajo la competencia de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien presentó la solicitud ante el juez encargado. El funcionario judicial avaló la medida de aseguramiento intramural, ordenando que Borkelsson Hogni Kjartan permanezca recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Al aumentar de manera significativa el número de extranjeros inadmitidos por sospechas de delitos sexuales contra menores, Migración Colombia anunció que durante la mañana del martes 23 de diciembre fue detectado un ciudadano estadounidense en el aeropuerto de Medellín que pretendía ingresar al país en un vuelo procedente de Orlando.
La entidad detalló que la inadmisión se produjo tras un reporte en la plataforma Angel Watch, utilizada internacionalmente para alertar sobre agresores sexuales de menores. Según la información brindada por Migración Colombia, “el individuo que pretendía ingresar al país en un vuelo proveniente de Orlando, fue detectado por nuestros oficiales, gracias a un reporte en la plataforma Angel Watch”.
El impacto de esta medida se refleja en las cifras recientes divulgadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien, a través de sus redes sociales, destacó la política de “tolerancia cero frente a la explotación sexual”.
El mandatario precisó que, en lo que va de 2025, 71 extranjeros y presuntos depredadores sexuales han sido inadmitidos, mientras que en 2024 la cifra fue de 40 personas. De acuerdo con el balance presentado, esto suma un total de 111 casos en dos años, lo que representa un incremento del 246% en comparación con el periodo 2022–2023.

Gutiérrez atribuyó estos resultados al trabajo conjunto entre Migración Colombia, la Policía Colombia y la Embajada de Estados Unidos, enfatizando que tales acciones buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.
Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil
La detención simultánea de once personas en Brasil, Ecuador, España, Honduras y Paraguay marcó un nuevo capítulo en la lucha internacional contra la explotación sexual infantil, según informó la Fiscalía General de la Nación.
Esta operación, que se desarrolló el 19 de diciembre de 2025, involucró un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad de siete países y resultó en la desarticulación de una red criminal dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de menores.
En el epicentro de la investigación, la Fiscalía General de la Nación explicó que la estructura criminal utilizaba aplicaciones de mensajería instantánea como principal vía para el intercambio de archivos ilegales.
Esta red, integrada por aproximadamente 100 personas, tenía presencia en países de América Latina y Europa, y facilitaba la circulación de más de 1.275 videos y 539 imágenes que documentaban abusos cometidos contra niños de entre 5 y 10 años.

Los registros electrónicos incautados durante los operativos confirmaron el alcance de las actividades ilícitas y la gravedad de los delitos cometidos.
Durante los allanamientos realizados en Cali, Medellín y Barranquilla, agentes de la Fiscalía capturaron a tres presuntos miembros de la organización: Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez.
En estos procedimientos, se confiscaron dispositivos electrónicos que almacenaban registros audiovisuales de agresiones sexuales y otros delitos contra la integridad y formación sexual de menores. La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez penal de control de garantías, imputándoles el delito de pornografía con menor de 18 años; los acusados se declararon inocentes y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
El desarrollo de la operación requirió la colaboración del Centro Cibernético Policial (Cecip) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), cuya participación fue clave para identificar a los implicados y rastrear el flujo internacional de archivos ilícitos.
Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación se originó en Bogotá y evolucionó hasta abarcar un entramado criminal que conectaba a individuos en varios países mediante el uso de plataformas virtuales.
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