El Ministerio de Salud convocó el 23 de diciembre una mesa técnica para exponer las conclusiones de la revisión sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en cumplimiento de una orden previa de la Corte Constitucional.
Sin embargo, los gremios Acemi y Andi no fueron invitados a la reunión, lo que provocó críticas públicas de Ana María Vesga, presidenta de Acemi. La exclusión contradijo el mandato judicial que exige la participación de los gremios, abriendo un nuevo foco de tensión en la política sanitaria colombiana.
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La decisión dejó fuera tanto a Acemi, representante de las EPS contributivas, como a la Andi, pese a que la Corte Constitucional había ordenado incluirlos en el diálogo técnico y financiero en torno a la UPC.
Esta unidad es una herramienta central en la financiación del sistema de salud en Colombia. La convocatoria del Ministerio, al omitir a estos actores clave, fue calificada como un incumplimiento de la sentencia del máximo tribunal constitucional.
El fallo de la Corte, según lo detallado por W Radio, contempló medidas para revisar y garantizar la suficiencia de la UPC: el valor que el Estado paga por cada afiliado al sistema.
La mesa técnica debía funcionar como un espacio plural en el que se analizara si el ajuste fijado, de 5.3% para 2025, resulta adecuado para enfrentar los desafíos del sector salud. Diversos actores del sector consideran que dicho incremento es insuficiente frente al contexto actual.
Desde la perspectiva gremial, Ana María Vesga expresó en su cuenta oficial de X: “El @MinSaludCol convocó para hoy a la mesa UPC para exponer las conclusiones de la revisión que ordenó la @CConstitucional. En esta oportunidad ni @acemi_gremio ni la @ANDI_Colombia fuimos invitados”, denunció Vesga. Las inquietudes de los gremios se centran en la legitimidad del diálogo y en la disposición real del Gobierno para considerar las voces técnicas que han advertido sobre el desfinanciamiento del sistema de salud.
El momento resulta especialmente relevante ante el constante debate por la sostenibilidad financiera del sector. La UPC, como mecanismo de asignación de recursos, es un tema sensible cuando sus ajustes se perciben insuficientes para cubrir el costo creciente de la atención médica en Colombia, alertaron voceros gremiales en W Radio.
El gremio de la salud advierte consecuencias penales para el Ministerio de Salud por ajuste de la UPC
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que el Ministerio de Salud podría enfrentar consecuencias penales por incumplir órdenes relacionadas con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La presidenta del gremio, Ana María Vesga, calificó de “fraude a resolución judicial” la actuación oficial y respaldó la decisión de la Corte Constitucional de abrir un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
El conflicto se originó en el Auto 007, emitido el 23 de enero de 2025, donde la Corte Constitucional exigió ajustar la UPC para 2024 y ordenó un mecanismo para su modificación en 2025, bajo un plazo de 10 días.
Esta obligación se reafirmó tras el rechazo de las solicitudes de nulidad y aclaración del Ministerio de Salud. Según estimaciones técnicas, el ajuste debía acercarse al 16%, pero el Gobierno estableció solo un incremento de 5,36% para 2025.
Este desfase superior a 10 puntos porcentuales equivale a más de $9 billones de déficit, dado que cada punto representa aproximadamente $870.000 millones. La Corte Constitucional solicitó en un auto de 49 páginas, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General investiguen los incumplimientos del ministro y otorgó 48 horas al funcionario para explicar su conducta, enviando copias a los órganos de control y cuestionando la supervisión del cumplimiento de las órdenes judiciales.
Desde Acemi, se propone un incremento del 17.33% para 2025, basándose en una metodología que toma en cuenta el consumo histórico, la inflación y la creciente demanda de servicios de salud.
“Los colombianos están consumiendo más salud y eso tiene que estar reflejado en la UPC si se quiere garantizar una financiación adecuada del sistema”, aseguró Vesga en W Radio, subrayando que la propuesta responde a criterios técnicos y no a pedidos arbitrarios.
La directiva criticó además que el Gobierno haya optado por un ajuste “absolutamente político”, aduciendo que no se deben transferir más recursos a las EPS ante presuntas fallas administrativas, lo que ha retrasado una definición clave para el sector.
El déficit mensual del sistema de salud bordea los $900.000 millones, de acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Salud, y la proyección anual ubica el faltante entre $9 y $10 billones. Esta situación genera atrasos en pagos a hospitales, reducción de servicios, demoras en medicamentos y mayores barreras de acceso. Según Vesga, los indicadores de deterioro incluyen un récord de más de 300.000 acciones de tutela y cerca de dos millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR), lo que evidencia el impacto directo sobre el derecho a la salud de los usuarios.
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