El salario mínimo en Colombia, que en la actualidad es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte) perdió la función que tiene como vehículo de progreso para la mayoría de los trabajadores, de acuerdo con un análisis del Observatorio Económico del Instituto de Ciencia Política (ICP). Aunque cada año el país debate cuánto debe elevarse el monto legal, las cifras de la muestran que no existe una verdadera “escalera salarial”.
Al diagnóstico se suma la reciente imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial en Colombia para 2026, lo que resalta la magnitud del problema y la urgencia de repensar la estructura del mercado laboral nacional.
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Según el mismo, el principal obstáculo del modelo colombiano es de tipo estructural y no se resuelve con simples ajustes en el salario mínimo. El instituto resalta que concentrar la discusión en ese piso desvía la atención de un hecho clave: la economía nacional dejó de generar empleos con salarios medios altos. Para el ICP, en Colombia “el salario mínimo representa el 92,31% del salario mediano”, lo que significa que la mitad de los empleados formales percibe ingresos cercanos al mínimo o incluso inferiores.
Esta situación demuestra que la “escalera de ascenso salarial está rota”, al no existir una progresión natural hacia mejores remuneraciones dentro del mercado laboral.
Asimismo, advirtió que la obsesión anual por el porcentaje de aumento del mínimo, sin abordar los factores de fondo, perpetúa un “techo de aspiraciones” y deja a miles de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad económica.
Comparaciones internacionales y estructura laboral en Colombia
Y es que la diferencia entre el salario mínimo y el mediano en otros países resulta llamativa:
- Estados Unidos: el mínimo apenas representa el 25% del salario mediano, lo que evidencia un amplio espectro de oportunidades salariales y la existencia de un tejido empresarial capaz de ofrecer ingresos notablemente más altos.
- España y Reino Unido: la brecha oscila entre el 53% y el 61%. En contraste, el “trabajador colombiano difícilmente puede aspirar a salarios significativamente superiores porque el tejido empresarial, ahogado por los costos y las regulaciones, no logra generarlos”, destaca el ICP.
El análisis del instituto también recurre a ejemplos de países sin salario mínimo decretado por el Estado, como Dinamarca, Suiza, Noruega y Singapur. Dichas naciones presentan salarios medios mensuales ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA) mucho más elevados y alcanzan lo siguiente:
- Dinamarca: USD 6.168 8$23.756.000).
- Suiza: USD7.495 ($28.855.750).
- Singapur: USD5.349 ($20.593.650).
Mientras que Colombia solo consigue un salario medio de USD364 ($1.401.400) y un mínimo de USD336 ($1.293.600). Para el ICP, esto ratifica que “la riqueza de los trabajadores no se decreta”, sino que es consecuencia de “una economía libre, segura y competitiva que demanda talento intensivamente”.
Impacto de la regulación y la reforma laboral reciente
El análisis también señala que la política regulatoria y la Reforma Laboral más reciente agravaron las limitaciones para el progreso salarial. La ley 2466 de 2025 introdujo nuevas rigideces en los contratos y en los costos laborales, lo que incrementó el costo de emplear y actúa, en palabras del instituto, como un “impuesto al trabajo”. Además, la inflación acumulada durante la última década ha profundizado el problema.
Se debe tener en cuenta que en los últimos años, los aumentos nominales del salario mínimo en Colombia fueron de 10,07% (2022), 16% (2023), 12% (2024) y 9,54% (2025). Sin embargo, estos incrementos resultaron en buena medida ilusorios, ya que la inflación alcanzó el 13,2% (2022), 9,3% (2023) y 5,2% (2024), lo que neutralizó los avances.
De acuerdo con el instituto, “el ciudadano gana más dinero, pero ese dinero pierde constantemente poder adquisitivo a causa de una ineficiente política fiscal y monetaria”.
Para el ICP, el país debe trascender la tradicional polarización entre empleadores y empleados. Solo un entorno de “libertad económica”, junto a la reducción de cargas regulatorias y la mejora de la seguridad, permitirá que mejores salarios sean el resultado de la competencia por talento y del crecimiento genuino de la productividad.
La negociación del salario mínimo para 2026: desacuerdo y posiciones de las partes
En este escenario, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales finalizó el lunes 15 de diciembre su plazo legal sin alcanzar un consenso para el incremento del salario mínimo de 2026. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció en esa oportunidad que “desafortunadamente tenemos que informarle al país que no hemos podido llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo. Los sectores de los trabajadores insistieron en que fuera de dos dígitos para poder abrir la discusión y los empresarios examinaron esa solicitud y reiteraron su propuesta de un incremento del 7,21%”.
Sanguino detalló además que la mesa de diálogo quedó en un punto de “sin salida, por lo menos hasta ahora para poder avanzar en un acuerdo en esta primera fecha que establece la Ley 278 de 1996”. Las partes ya presentaron salvedades, tras lo cual el Ministerio de Trabajo evaluará el caso y, de ser necesario, el presidente de la República, Gustavo Petro, podrá intervenir y proponer una fórmula de aproximación.
Los representantes sindicales y del Comando Central Unitario remarcaron que, al no haber acuerdo, la responsabilidad de definir el aumento corresponde ahora al presidente Gustavo Petro. Indicaron que el mandatario podría “echarle una mano a los trabajadores con dos dígitos y que se acerque al 16%”.
Y por la parte empresarial, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), resaltó: “más allá de las diferencias, seguiremos construyendo y aportándole al país con respeto, altura y diálogo, lo que ha primado en esta mesa de negociación”.
Propuestas para romper el estancamiento: visión del ICP para un nuevo paradigma
El Instituto de Ciencia Política sostiene que la solución va más allá de decretar aumentos salariales: “Es preciso desmontar las estructuras que impiden un crecimiento natural de los ingresos”.
Para el mismo, esto implica reformar el sistema tributario, reducir la carga regulatoria, mejorar la seguridad y fomentar un entorno donde la demanda de talento impulse la competencia empresarial y los mejores salarios sean una consecuencia de la productividad y no una imposición legal.
El debate central, sugiere, no debería girar en torno a cuánto debe incrementarse el mínimo cada año, sino a cómo lograr que la economía permita a los colombianos acceder a niveles de ingresos superiores gracias a su propio potencial y desempeño.
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