El presidente Gustavo Petro anticipó la inminente expedición del decreto que declarará la emergencia económica en Colombia, una medida que, según el mandatario, responde a la insostenibilidad de la deuda pública y a la negativa del Congreso de aprobar su última reforma tributaria, que buscaba recaudar $10 billones.
Petro advirtió que, si la Corte Constitucional decide anular el decreto, la tasa de riesgo país aumentará y la crisis económica se agravará: “Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza sino simple economía de primer semestre”.
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En su pronunciamiento, realizado a través de la red social X, el jefe de Estado defendió que su administración no ha recurrido al endeudamiento para financiar el gasto corriente ni de inversión, sino exclusivamente para cubrir obligaciones heredadas de gobiernos anteriores.
Petro subrayó que la deuda interna se incrementó únicamente por el alza de la tasa de interés del Banco de la República, mientras que la deuda externa muestra una tendencia a la baja en relación con el tamaño de la economía.
El mandatario enfatizó que la diferencia entre deuda bruta y neta es fundamental para el análisis de sostenibilidad fiscal, y aseguró que “la deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al 2024 y está dentro del marco fiscal de mediano plazo”.
El jefe de Estado responsabilizó tanto al Congreso como al Banco de la República por la situación actual. Al primero le atribuyó el fracaso de la reforma tributaria, que serviría de base para los decretos de emergencia, y al segundo lo acusó de actuar como oposición y de tomar decisiones que, a su juicio, encarecieron el endeudamiento del país.
Petro calificó de “irresponsables” las políticas de las comisiones económicas del Congreso y de la mayoría de la junta del Banco de la República, al sostener que “entonces desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda; ambas políticas... aumentan la insostenibilidad de manera aguda (sic)”.
El presidente insistió en que la emergencia económica tiene como objetivo enfrentar el peso de la deuda generada por las políticas fiscales del gobierno de Iván Duque, agravada por el incremento de las tasas de interés.
De igual modo, reiteró que los nuevos recursos para estabilizar las finanzas públicas deben provenir exclusivamente de los “megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica”, a quienes calificó como los verdaderos ganadores de las medidas fiscales previas.
Según el mandatario, la propuesta de emergencia tributaria se fundamenta en los mismos criterios que el Congreso rechazó, y representa “una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”.
Un panorama desalentador
El contexto financiero del país es crítico: el Gobierno cuenta con apenas $1,3 billones en los depósitos del Tesoro y enfrenta una deuda neta cercana al 62% del PIB, la más alta de la historia nacional. El déficit primario, sin considerar el pago de intereses, podría superar el 7%, un nivel sin precedentes en ausencia de una crisis como la de la pandemia.
Petro explicó que la ecuación fundamental de las finanzas públicas no se cumple, ya que el déficit primario persiste desde el gobierno de Juan Manuel Santos y, bajo su administración, el Banco de la República elevó la tasa de interés real por encima del crecimiento económico, lo que, en su opinión, hace insostenible la deuda.
El proceso de control constitucional sobre el decreto de emergencia se complica por el receso judicial, que se extiende hasta el 10 de enero, aunque la Corte Constitucional evalúa convocar una sesión extraordinaria para analizar la medida.
Petro recordó que no es la primera vez que se recurre a la figura de emergencia: en el pasado reciente, decretos similares por crisis humanitarias en el Catatumbo y por emergencias sociales y de salud en La Guajira fueron anulados en su mayoría por el alto tribunal.
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