El Ministerio de Transporte anunció la apertura de una investigación administrativa y la imposición de una medida de suspensión inmediata por seis meses contra el Centro de Diagnóstico Automotor Comercializadora Servisuper Ltda, ubicado en Antioquia.
Esta decisión fue adoptada luego de detectarse presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo implicado en el grave accidente de tránsito ocurrido el 14 de diciembre en la vía que conecta los municipios de Remedios y Zaragoza.
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Cabe recodar que el siniestro vial, que dejó 17 personas fallecidas —16 de ellas adolescentes del colegio Liceo Antioqueño de Bello— y 20 heridas, es considerado una de las tragedias más severas registradas recientemente en el país y motivó la intervención inmediata de las autoridades de inspección, vigilancia y control del sector transporte.
Según explicó el ministerio, la Superintendencia de Transporte llevó a cabo verificaciones que permitieron establecer que el mencionado centro habría alterado los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Esta situación, de acuerdo con la entidad, puso en riesgo directo la vida y la integridad de los usuarios de la vía pública.
Como resultado de estos hallazgos, la Superintendencia formuló un pliego de cargos y ordenó la suspensión de la habilitación del centro por seis meses, una medida preventiva de ejecución inmediata. Esto implica la desconexión del Runt, la imposibilidad de expedir certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, así como la suspensión total de los servicios a los usuarios.
La decisión también deberá ser informada públicamente en las instalaciones del centro, con el objetivo de garantizar la transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos afectados.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, respaldó públicamente la actuación de la Superintendencia y reiteró la determinación del gobierno nacional de priorizar la seguridad vial. “Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia, la irresponsabilidad o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras. La seguridad vial es una prioridad del Gobierno del Cambio y la vamos a defender con decisiones firmes, sanciones ejemplares y acciones concretas”.
Las investigaciones adelantadas incluyeron el análisis de evidencias fílmicas del sistema Sicov y verificaciones técnicas detalladas, en las que la Superintendencia de Transporte identificó graves inconsistencias y falencias en el proceso de inspección del vehículo accidentado.
Entre ellas se encontraron deficiencias en la inspección sensorial y en la toma de medidas de labrado, ausencia de revisión exterior —como llantas, luces y carrocería— y falta de verificación interior de elementos como sillas, cinturones de seguridad y salidas de emergencia. También se reportaron carencias en los elementos de señalización y seguridad reflectiva del vehículo.
En palabras del Superintendente de Transporte, la entidad actuará con la máxima severidad frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad vial en Colombia y envió un mensaje claro a todos los organismos del sector tránsito:
“Quien juegue con la vida de los ciudadanos enfrentará las sanciones más estrictas que permite la ley”. Los hallazgos identificados sustentan la formulación de cargos por presunta alteración de resultados, reporte irregular de información al Runt y puesta en riesgo de la vida de usuarios y terceros, lo que podría significar una vulneración de la Ley 1702 de 2013.
La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte continuará con el proceso administrativo respectivo y no se descartan nuevas decisiones conforme avancen las indagaciones sobre el caso. El ministerio recalcó que la seguridad vial no es un trámite, sino una obligación del Estado y de los actores viales, y que cada decisión de control y sanción tiene como fin evitar que los viajes terminen en tragedia.
Por otra parte, autoridades y voluntarios han hecho un llamado urgente a la conciencia ciudadana para que se devuelvan objetos personales de las víctimas del accidente, los cuales poseen un valor incalculable para sus familiares. La Secretaría de Educación de Bello, en coordinación con bomberos y Defensa Civil, habilitó canales para facilitar la devolución de estas pertenencias sin estigmatización ni exposición pública de quienes las entreguen.
Un voluntario, en declaraciones recogidas por las autoridades municipales, relató que durante las labores de rescate la prioridad fue salvar vidas y que diversas pertenencias ya han sido entregadas a la Secretaría de Educación de Bello para ser restituidas a los familiares.
Además, insistió en que cualquier persona que tenga en su poder objetos de las víctimas puede devolverlos de manera anónima a los cuerpos de bomberos, a la Defensa Civil o contactando directamente a las autoridades municipales, sin temor a represalias ni a exposición pública.
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