El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa una de sus crisis más profundas, a menos de 230 días para el final de su mandato, tras la detención de dos de sus exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, que fueron acusados de liderar una red de corrupción que habría desviado más de 612.000 millones de pesos de recursos públicos, al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y otras entidades del resorte estatal.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Velasco, exministro del Interior, y Bonilla, exministro de Hacienda, lideraron una organización criminal que desvió fondos públicos a través de la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Estos dineros se habrían utilizado para “comprar” el apoyo de al menos 10 legisladores en el Congreso, con el objetivo de asegurar la aprobación de reformas estructurales del Ejecutivo.
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En ese sentido, Wilson Ruiz, exministro de Justicia y actual candidato al Senado por el partido de Salvación Nacional, aprovechó el revuelo que causó la detención de los exintegrantes del equipo de Petro, en pro de hacer -a su modo- un resumen de lo que, a su juicio, ha sido la actual administración: que ha querido promover una fuerte discusión en las redes sociales sobre la politización de los procesos penales, a puertas del proceso electoral en el 2026.
“El ‘Gobierno del cambio’ cambió ministros por reclusos. Ahora Petro intenta protegerlos porque sabe que, cuando caigan todos, él será el siguiente. Colombia no aguanta más corrupción disfrazada del ‘cambio’ que promete la izquierda. ¡Salvemos a Colombia!”, expresó Ruiz, frente al suceso que involucra a figuras clave del gabinete de Petro y que ha puesto en entredicho la integridad institucional y la promesa de renovación política en el territorio nacional.
El escándalo por el que Velasco y Bonilla fueron enviados a la prisión
La mecánica delictiva descrita por el ente investigador indicó que Bonilla, como ordenador del gasto, garantizaba el presupuesto para los denominados “cupos indicativos”, mientras Velasco gestionaba políticamente a los congresistas. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer; además, ambos exministros han rechazado los cargos y se han declarado inocentes.
El proceso judicial escaló el 18 de diciembre, cuando la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, impuso prisión preventiva en establecimiento carcelario a los exministros. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos y el riesgo institucional, pues según la togada que la detención domiciliaria resultaba insuficiente para evitar posibles interferencias en la investigación que se adelanta en contra de ambos exfuncionarios.
Por su parte, las capturas se legalizaron el 19 de diciembre, cuando Bonilla fue recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) en Bogotá, mientras que Velasco se entregó voluntariamente en Cali y fue internado en la Escuela de Carabineros de la capital vallecaucana. Durante la audiencia, Bonilla informó que padecía una isquemia, hecho que no modificó la decisión judicial; lo que alimentó la controversia sobre su estado de salud.
El caso, que forma parte del entramado de la Ungrd, que quedó al descubierto por las revelaciones de Olmedo López, exdirector de la entidad, y de su exsbudirector Sneyder Pinilla, está en fase de apelación: con las defensas de los exministros buscando revertir la medida de aseguramiento. Se espera que el proceso continúe en enero de 2026, mientras la investigación sigue su curso y se amplía a más de 10 legisladores y otros altos funcionarios implicados.
En relación con este caso, la reacción del presidente Gustavo Petro ha sido vehemente. El mandatario defendió a sus exministros y cuestionó la actuación de la magistrada Rosero, a la que acusó de insensibilidad y de sobrepasar las peticiones de las partes. De esta manera, indicó que, a diferencia de otros casos, la magistrada no consideró la grave enfermedad de Bonilla ni permitió que la defensa fuera escuchada plenamente durante las audiencias en curso.
“La gente del trabajo y el saber van es a su humillación y son víctimas de la venganza, solo por ayudar al pueblo”, expresó el gobernante: el mismo que en el pasado criticaba hechos de corrupción de otras administraciones, pero que ahora invita al estudiantado de economía a pronunciarse sobre lo que considera una criminalización de posturas intelectuales diferentes en el ejercicio político. Todo esto, pese a la copiosa evidencia en contra de los exfuncionarios.
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