Luego de que la magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, legalizara en la tarde del viernes 19 de diciembre las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por su presunta implicación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), circularon fotos de reseña en prisión de ambos exfuncionarios, que quedaron a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según resolvió la autoridad penitenciaria, Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que Velasco quedará bajo custodia en la Escuela de Carabineros de Cali.
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El fallo del tribunal dispuso: “Decretar como medida de aseguramiento en contra de Ricardo Bonilla González la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito de concierto para delinquir determinador en el punible del interés individual en aceleración de contratos, en concurso homogéneo y coautor del ilícito de cohecho por dar u ofrecer conforme a la imputación de cargos”.
La magistrada explicó que las capturas, realizadas en la noche del jueves 18 de diciembre, cumplieron los procedimientos legales y que “se respetaron las garantías como capturados”.
El proceso judicial contra los exministros del presidente Gustavo Petro
Durante las audiencias, la fiscal María Cristina Patiño expuso que Velasco y Bonilla estarían detrás del “pacto criminal” para intentar corromper al Congreso y así lograr la aprobación de reformas sociales propuestas por el Ejecutivo.
Según la fiscalía, a cambio de apoyos legislativos se habría ofrecido la adjudicación de 79 proyectos de la Ungrd e Invías, con un valor total superior a medio billón de pesos, de los cuales solo siete se ejecutaron efectivamente.
El lunes 15 de diciembre, anterior a la decisión, las defensas de los exministros argumentaron la inocencia de sus clientes y se opusieron a la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria planteada por la Fiscalía. No obstante, la magistrada Aura Alexandra Rosero determinó la necesidad de imponer detención en centro carcelario, señalando la gravedad de los argumentos presentados.
La Fiscalía detalló en la audiencia que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, mientras Bonilla y Velasco ocupaban los ministerios de Interior y Hacienda, presuntamente conformaron una organización criminal destinada a cometer delitos contra la administración pública. El objetivo, según la imputación, habría sido obtener mayorías parlamentarias facilitando la aprobación de proyectos del Gobierno y operaciones de crédito público, mediante la manipulación de la contratación estatal.
Durante la etapa investigativa se identificó que se adjudicaron 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por $571.701 millones y cinco de la Ungrd por $40.536 millones, sumando $612.237 millones destinados a beneficiar a legisladores de las Comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima.
Siete de estos proyectos fueron objeto de imputación directa por interés indebido en la celebración de contratos, dentro de una estructura en la que cada miembro desempeñaba un rol específico, según la versión presentada en audiencia.
Después de la captura de los exfunicionarios del Gobierno Petro, a través de su cuenta en X, el presidente calificó como ilegal la privación de libertad impuesta a los exministros.
Petro respondió en esa red social a un usuario que sugirió investigar penal y disciplinariamente a la magistrada responsable de la decisión, señalando que el único objetivo del encarcelamiento de los exfuncionarios era conseguir una “foto electoral” y tomar represalias al privarles de pasar la Navidad con sus familias.
El mandatario hizo referencia al proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfatizando que pese a la gravedad del caso de Uribe, la magistrada le concedió la libertad, anulando una previa orden de detención. Petro comparó ambas situaciones para cuestionar la uniformidad de la justicia, al tiempo que incluyó otras circunstancias del país, como la calificación de “terroristas” a jóvenes que participaron en las protestas de 2021 durante el Gobierno de Iván Duque Márquez. Según el presidente, estos hechos evidencian una justicia que, en sus palabras, “mantenía en impunidad todo el genocidio contra el pueblo colombiano”.
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