En Colombia, el avance acelerado de un programa gubernamental que destinaría un billón de pesos para la esterilización masiva de perros y gatos generó preocupación entre gremios veterinarios.
La propuesta, impulsada por los ministerios de Ambiente y Salud, busca reglamentar la Ley 2374 de 2024 antes del cierre de año, pero enfrenta cuestionamientos de fondo debido a la falta de cifras confiables, posibles vacíos metodológicos y dudas sobre su implementación efectiva.
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Falta de datos sólidos sobre la población animal
El Gobierno planea intervenir parte de una población estimada en nueve millones de perros y gatos en todo el país. Sin embargo, asociaciones como la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (Acovez) y la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia (Amevec) advirtieron que ni siquiera existe un censo nacional preciso sobre cuántos animales hay realmente.
El Ministerio de Ambiente confirmó a El Espectador que “actualmente no existen cifras precisas y consolidadas de carácter nacional sobre esta población”. Este dato es fundamental para calcular el impacto real de cualquier intervención y para fijar metas efectivas a nivel distrito o municipal.
“Podríamos quedarnos con datos de gestión”, advirtió José Alexander Estepa, veterinario de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria), refiriéndose al riesgo de medir solo el número procedimientos y no el porcentaje real de animales cubiertos.
Según la evaluación de Estepa y sus colegas, reunida durante un análisis a la gestión poblacional en Bogotá entre 2004 y 2021, una de las principales carencias sigue siendo la ausencia de información oficial sobre tasas de esterilización.
Estrategia CER y dudas sobre su eficacia
El eje de la propuesta oficial recae sobre la estrategia Capturar, Esterilizar y Reubicar, Retornar o Rescatar (CER), que el Ministerio de Ambiente define como una alternativa “técnica, ética y costo-eficiente frente a métodos letales o reactivos”.
La meta declarada es reducir el abandono, evitar la reproducción descontrolada y prevenir el maltrato animal. No obstante, expertos consultados por El Espectador ponen en duda su efectividad a gran escala.
El biólogo Jeancarlo Sánchez, director científico de Bauen Project, recordó que, para funcionar, el método demanda tasas de esterilización superiores al 75%, procesos sostenidos por más de diez años y la interrupción de la entrada de animales no esterilizados desde otras zonas.
Un estudio publicado en la revista Global Ecology and Conservation concluyó que resulta muy difícil cumplir estas condiciones salvo en áreas muy pequeñas y controladas. “Hasta ahora, las pruebas empíricas sobre la eficacia del TNR son insuficientes”, señala el informe.
Falencias en infraestructura y regulación sanitaria
Otro motivo de preocupación para las asociaciones veterinarias reside en la habilitación de puntos temporales y unidades móviles quirúrgicas para realizar las esterilizaciones. El programa prevé el uso de vehículos adaptados, como camiones y buses pequeños, que no cuentan actualmente con reglamentaciones sanitarias o legales claras en Colombia.
Desde la Amevec, advierten en su carta a entidades gremiales y al Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que “ese es un vacío legal inmenso”.
A esto se suma la inquietud por el manejo y trazabilidad de medicamentos de control, especialmente anestésicos como la ketamina, cuya adquisición y uso requieren una regulación estricta dada su posible utilización ilícita.
Actualmente, solo los puntos fijos pueden obtener la resolución necesaria del Fondo Nacional de Estupefacientes. Las asociaciones solicitaron al Gobierno que establezca “criterios mínimos de infraestructura y equipamiento, protocolos de anestesia, analgesia, monitoreo y manejo postoperatorio, así como mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control”.
Una problemática ambiental y de salud pública
Investigadores y científicos señalan impactos amplios derivados de la sobrepoblación de perros y gatos en libertad. Según cifras respaldadas por la plataforma Biodiversos, los gatos son responsables de la extinción de al menos 63 especies a nivel mundial.
Además, existen reportes recientes de ataques de perros ferales a fauna nativa amenazada en Colombia, así como riesgo de transmisión de enfermedades a especies emblemáticas, caso del oso andino.
Las autoridades ambientales argumentan que el programa ayudará a mitigar estos efectos sobre la biodiversidad, al reducir la depredación, la competencia por recursos y la transmisión de patógenos.
Pese a esa intención, expertos alertan sobre la importancia de evitar la liberación sin control de animales ferales previamente esterilizados, ya que su presencia continuaría produciendo efectos ecológicos adversos, según recoge el testimonio de Sánchez en El Espectador.
Críticas a un enfoque centrado solo en la esterilización
Veterinarios y biólogos coinciden en que la superpoblación animal requiere un abordaje integral. Amevec sostiene en comunicaciones a ministerios y entidades que “la esterilización es solo una medida y no va a controlar el problema”.
Entre las medidas ausentes destacan el registro o empadronamiento animal, bases de datos centralizadas y licencias para criadores y propietarios, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa).
La regulación del acceso a fuentes de alimento, la supervisión de comerciantes de perros y la posibilidad de contemplar, en algunos casos, la eutanasia ética bajo parámetros internacionales figuran entre los reclamos de los gremios, aunque el Gobierno no ha incluido estos puntos en la versión anticipada del programa.
Advertencias de una posible demanda gremial
Las principales asociaciones de veterinarios anunciaron que impugnarán el programa si este se expide sin incorporar sus observaciones técnicas. Según el medio citado, los gremios remitieron más de 70 comentarios y participaciones formales al proceso de consulta.
Mientras el Ministerio de Ambiente sostiene que la falta de cifras oficiales justifica la creación e implementación del programa, los profesionales del sector insisten en la necesidad de mayores garantías normativas y operativas.
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