El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos contra el poder judicial tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que fueron enviados a prisión el pasado 18 de diciembre.
El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que el abogado penalista Elmer José Montaña Gallego publicara un video en la red social X en el que criticó la actuación del tribunal y advirtió sobre un precedente que, en su criterio, vulnera principios esenciales del sistema penal acusatorio colombiano.
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En su intervención, Montaña hizo un llamado a los abogados penalistas del país para que se pronuncien públicamente frente a la decisión judicial.
El jurista calificó como un “gravísimo error” la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que desconoció el principio de justicia rogada, según el cual los jueces de control de garantías deben ceñirse estrictamente a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal.
De acuerdo con el penalista, si el fiscal del caso solicitó una medida de aseguramiento que no era procedente —en este caso, detención domiciliaria—, los magistrados no podían corregir ese error al imponer una medida más gravosa, como la reclusión en centro carcelario.
A su juicio, lo correcto habría sido negar la solicitud, atendiendo también el principio de favorabilidad. Montaña advirtió que este tipo de decisiones abre la puerta a que los jueces asuman un rol que no les corresponde, corrigiendo los errores de la Fiscalía en perjuicio de los imputados.
Las declaraciones del abogado generaron amplia repercusión en redes sociales y motivaron una reacción directa del presidente Petro, que replicó el video y se pronunció también en X.
En su mensaje, el mandatario afirmó que Bonilla y Velasco no contaron con un verdadero juez de control de garantías y sugirió que el poder judicial actuó de manera adversa contra ellos.
“Entonces los exministros de Estado Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no tuvieron juez de control de garantías. Para ellos el poder judicial no era juez sino enemigo (sic)”, escribió el jefe de Estado, en un mensaje que vinculó el caso con lo que considera una ofensiva contra el progresismo en Colombia.
Petro fue más allá y advirtió que este tipo de decisiones judiciales podrían extenderse a otros sectores sociales y políticos.
“Ya sabe la clase media en qué tipo de realidad se moverá si vota al pasado”, señaló, al tiempo que comparó la situación con episodios históricos de persecución política.
También cuestionó a la magistrada Aura Rosero, que tomó la decisión, al indicar que se trata de la misma funcionaria judicial que en el pasado ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe, lo que, según el mandatario, evidencia un trato desigual por razones ideológicas.
El contexto del pronunciamiento presidencial es la orden de encarcelamiento dictada el 18 de diciembre contra los exministros, en el desarrollo del proceso que se adelanta por presuntos hechos de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Ricardo Bonilla, que se desempeñó como ministro de Hacienda y es considerado uno de los economistas más influyentes del actual Gobierno, es señalado por la Fiscalía de haber tenido un rol clave en el control presupuestal que permitió el direccionamiento de contratos.
Según el ente acusador, sin su aval no se podían expedir certificados de disponibilidad presupuestal ni avanzar en procesos contractuales, lo que le habría permitido incidir directamente en la asignación de recursos para favorecer acuerdos políticos en el Congreso.
Por su parte, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y uno de los principales articuladores políticos del Ejecutivo, es investigado por su presunta participación en la gestión de apoyos legislativos mediante la entrega de proyectos y contratos financiados con recursos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, Velasco habría sido el encargado de coordinar con congresistas el respaldo a iniciativas del Gobierno, utilizando como incentivo la asignación de cupos indicativos a través de la Ungrd.
Ambos exministros fueron imputados por delitos como concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La magistrada Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, que adoptó la medida de aseguramiento, consideró que existía riesgo de reiteración delictiva y de interferencia en la investigación, y que medidas no privativas de la libertad resultaban insuficientes.
La decisión judicial se suma a otras capturas y medidas adoptadas dentro del mismo expediente, que ha salpicado a exfuncionarios, excongresistas y asesores cercanos al Gobierno, y que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual mandato.
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