El 18 de diciembre de 2025, la magistrada Aura Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención en prisión de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).
La decisión, que responde a la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de que los exfuncionarios puedan reincidir en prácticas de direccionamiento contractual, busca evitar la continuidad de esquemas de corrupción que, según el tribunal, afectan la credibilidad de las instituciones ejecutivas y legislativas.
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Tras la decisión de la togada, el exministro de Hacienda fue detenido en el juzgado y puesto bajo la custodia de las autoridades. Un día después, en la audiencia de legalización de captura, la jueza Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, solicitó la emisión boleta de reclusión de los exministros en el centro penitenciario La Picota o establecimiento que designe el Inpec.
Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), tras la medida de aseguramiento dictada en su contra por el escándalo de corrupción en la Ungrd. En el caso del exministro Velasco, el Inpec designó como sitio de reclusión la cárcel de Vistahermosa en la ciudad de Cali.
La defensa de Petro a sus dos exminsitros
El presidente Gustavo Petro calificó como ilegal la detención de sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que permanecen bajo medida de aseguramiento intramural por orden de la magistrada Aura Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Para el mandatario, la decisión judicial responde a motivaciones políticas y busca afectar la imagen de los exfuncionarios, además de privarlos de pasar las fiestas navideñas con sus familias.
En su cuenta de X, Petro sostuvo que el encarcelamiento de Bonilla y Velasco solo persigue fines electorales y de represalia. El presidente escribió: “El encarcelamiento ilegal de mis dos exministros de estado solo tiene como objetivo, una foto electoral llevándolos presos y una venganza quitándoles sus días de Navidad con la familia, sin necesidad”.
Esta declaración se produjo en respuesta al comentario de un usuario que sugirió investigar penal y disciplinariamente a la magistrada Rosero por prevaricato, tras ordenar la captura inmediata de los exministros.
El jefe de Estado comparó la situación de sus excolaboradores con el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según Petro, el caso del exmandatario es más grave, pero la magistrada le concedió la libertad, revocando la medida de privación de la libertad que había impuesto la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Petro subrayó la disparidad de criterios en la administración de justicia y cuestionó la equidad de las decisiones judiciales.
En su crítica, Petro también evocó el estallido social de 2021, ocurrido durante el gobierno de Iván Duque Márquez, para señalar que la misma justicia que hoy actúa contra sus exministros fue la que, en su momento, calificó jurídicamente de terroristas a los jóvenes que protestaron y mantuvo la impunidad frente a crímenes cometidos contra la población.
El mandatario afirmó: “El mensaje es claro y debe ser asumido por el pueblo con cuidado. Es la misma justicia que volvió jurídicamente terroristas a los jóvenes qué protestaban en el gobierno de Duque y que mantenía en impunidad todo el genocidio contra el pueblo colombiano. Hay otra justicia decente que debe ser protegida y desarrollada”.
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