Lina María Garrido se burló del ‘detector de corrupción’ que Petro deseó tener: “Ni se le ocurra acercarlo a ...”

La polémica de corrupción que afecta al Gobierno de Gustavo Petro, relacionada con la supuesta complicidad de altos funcionarios, cobró relevancia cuando el presidente salió en defensa de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, involucrado en el caso.

Esta intervención desató una rápida respuesta de Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, que expresó su rechazo y lanzó una crítica burlona contra Petro.

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Y es que Ricardo Bonilla, junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, se encuentra bajo medida de aseguramiento tras las acusaciones de estar involucrados en un caso de direccionamiento de contratos para “comprar” congresistas en medio de los escándalos de corrupción vinculados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (Ungrd) y el Invías.

Ante este proceso, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá determinó que hay pruebas suficientes para acusar a los exfuncionarios, lo que motivó su solicitud de imponer una medida de prisión preventiva mientras continúa la investigación; este giro en el caso fue lo que llevó al presidente Gustavo Petro a intervenir.

El mandatario, desde Casa de Nariño, se refirió al caso con un tono de frustración y afirmó: “Ojalá yo tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes”. Una declaración que, lejos de pasar desapercibida, fue duramente criticada por la representante Garrido, que no tardó en responder a través de su cuenta de X.

Con una dosis de sarcasmo y contundencia, Garrido replicó: “@petrogustavo, si usted tuviera un ‘detector energético para detectar corruptos’, con solo agarrarlo empezaría a pitar de inmediato, pues usted es la cabeza de uno de los gobiernos más corruptos de la historia. ¡Y ni se le ocurra acercarlo a @AABenedetti o @GA_Jaramillo, el ministro de la muerte, porque se le puede explotar en la mano! (sic)”.

En su crítica, la representante mencionó a Armando Benedetti, ministro del Interior, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que son duramente señalados por su gestión del país, las reformas implementadas y otros temas, por parte de la oposición. A partir de esto, Garrido insinuó que ellos serían los responsables de los mayores actos de corrupción si fueran pasados por un detector, al emplear una metáfora muy directa para hacerlo.

Aunque el presidente defendió a Ricardo Bonilla, lo cierto es que su comportamiento durante la cartera marcó el fin de su carrera política, y las investigaciones en su contra no le son favorables. De hecho, las medidas adoptadas, como la prisión preventiva mientras avanza el caso, refuerzan la ironía de la defensa que hizo el jefe de Estado.

El papel de Ricardo Bonilla en el escándalo de corrupción de la Ungrd

Ricardo Bonilla está vinculado en un escándalo de corrupción relacionado con la compra irregular de 40 carrotanques destinados a La Guajira, que resultaron en sobrecostos millonarios. La Fiscalía lo acusa de haber facilitado la agilización de contratos a cambio de favores políticos en el Congreso, especialmente para asegurar apoyo en reformas clave del Gobierno Petro.

Bonilla es señalado de haber coordinado la asignación de recursos del Ministerio de Hacienda a la Ungrd, en donde se habrían definido municipios específicos (como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar) que recibieron estos fondos con el objetivo de adjudicar contratos a congresistas. Según la investigación, el intercambio consistía en un “direcionamiento” de los recursos para asegurar el apoyo legislativo en proyectos, como las reformas de Gobierno, a cambio de votos de los congresistas beneficiados.

En el escándalo de la Ungrd, los cuestionamientos hacia Ricardo Bonilla no se refieren a dinero en efectivo recibido por él, sino a su gestión y autorización de millonarias partidas presupuestales. En 2023, el exministro firmó resoluciones para transferir $1,4 billones a la Ungrd, divididos en dos tramos de $700.000 millones.

Parte de estos recursos, específicamente $92.000 millones, fueron destinados a proyectos en municipios con intereses de congresistas, mencionados anteriormente. Bonilla defiende su actuación, bajo el argumento de que estas transferencias son procedimientos administrativos normales del Estado, pero esto no valió para las pruebas que tiene la Fiscalía.