El Gobierno nacional decidió que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 no se limitará a la inflación, sino que incorporará factores estructurales y demográficos que inciden en el costo real de la atención en salud.
Esta determinación, confirmada por Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), responde a una orden de la Corte Constitucional y busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, así como el uso adecuado de los recursos públicos.
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En cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal, el Gobierno ya equiparó en un 95% las UPC de los regímenes subsidiado y contributivo, lo que implica un incremento de $2,7 billones en el presupuesto del sistema, según explicó Martínez.
Además, la Corte ha insistido en que para 2026 el ajuste de la UPC no puede basarse únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una directriz que el Ministerio de Salud acatará, de acuerdo con el director de la Adres.
El proceso de definición del aumento de la UPC, que determina los recursos que reciben las EPS para cubrir servicios y medicamentos, debe resolverse antes del 31 de diciembre de 2025.
El año pasado, el Ministerio de Salud aplicó un incremento del 5,36% para 2025, ajustado al IPC, debido a inconsistencias en la información presentada por las EPS. Esta decisión fue criticada por gremios como Acemi y la Andi, quienes consideraron insuficiente el ajuste.
En los últimos días, los principales gremios del sector han presentado sus expectativas para el aumento de la UPC en 2026. La Cámara de Salud de la Andi propuso un incremento del 15,6%, argumentando que, si los $48 billones previstos para la Adres se destinan exclusivamente al aseguramiento, el Estado podría cubrir el ajuste requerido.
Por su parte, Acemi, que agrupa a las EPS del régimen contributivo, estimó necesario un aumento del 17,3%, considerando el gasto en salud reportado para 2024. En un comunicado, Acemi subrayó: “De manera reiterada se ha insistido en la importancia de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado. El diálogo técnico y la estandarización de los reportes, así como lineamientos claros desde el Ministerio de Salud, contribuyen a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país”.
El Ministerio de Salud, sin embargo, rechazó estas estimaciones y cuestionó los argumentos de los gremios. Según la entidad, “los hallazgos oficiales evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”, una postura reiterada desde el inicio del actual Gobierno.
Martínez detalló que el ajuste de la UPC para 2026 considerará variables adicionales al IPC, como el envejecimiento de la población, que genera un incremento automático cercano a un punto porcentual anual, incluso sin un aumento formal. Además, la igualación de la UPC entre regímenes contributivo y subsidiado continuará impactando el financiamiento del sistema.
El Gobierno también evaluará la presión de costos en medicamentos y tecnologías en salud, un aspecto que, según la Adres, requiere información depurada y verificable para evitar distorsiones en la toma de decisiones.
El director de la Adres enfatizó que nunca ha habido una reducción real de recursos para la salud. Explicó: “Cuando se decreta un aumento del 5%, en la práctica el sistema termina recibiendo cerca del 7%, por efecto del envejecimiento poblacional y otros ajustes automáticos”. Incluso en años en los que no fue posible definir un aumento técnico por inconsistencias en las bases de datos, la ley obligó a aplicar el incremento por inflación, asegurando un crecimiento mínimo de la UPC.
Los análisis de la Adres se han basado en la información de 2022 y 2023, que influyó en las decisiones hasta 2025. El cálculo específico para 2026 aún está en proceso, ya que la entidad no dispone de la base de datos completa de ese periodo.
Martínez advirtió que la Adres detectó irregularidades en los reportes de las EPS, relacionadas con precios, fechas de prestación de servicios y cumplimiento de las normas del sistema de información. Estos hallazgos han sido remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría y, en los casos más graves, a la Fiscalía General de la Nación.
El Gobierno busca que el aumento de la UPC para 2026 refleje de manera precisa las necesidades reales de financiación, incorporando factores demográficos, estructurales y de costos, mientras continúa la discusión técnica en los próximos meses y el sector espera una definición que fortalezca la atención a millones de usuarios en Colombia.
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