La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel el jueves 18 de diciembre de 2025 a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción en la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Invías generó revuelo nacional en la continuación de uno de los escándalos más significativos del gobierno de Gustavo Petro.
La Sala Penal en cabeza de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía bastaron para probar la participación de ambos miembros del gabinete de Petro en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos entre 2023 y 2024. La medida de encarcelamiento se tomó tras considerar que ambos sindicados eran un peligro para la comunidad por la influencia política que mantienen.
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Desde que se conoció la decisión, esta contó con el rechazo de Velasco, que manifestó la falta de argumentos claros tanto del Tribunal como de la Fiscalía para tomar esta decisión. Esto hizo que se produjera un momento de tensión entre la magistrada Rosero y Rosa Elena Suárez, abogada del exministro del Interior.
Según se pudo apreciar durante uno de los momentos de la audiencia, Suárez pidió que la juez resolviera primero las reposiciones que interpusieron la Procuraduría y el propio Velasco a la decisión. Por su parte, Rosero le ordenaba sustentar su apelación para contestar todos los recursos al tiempo, pero ante la insistencia de la defensa, la magistrada replicó con dureza.
“Es una orden de dirección. Con eso yo no me voy a poner a pelear con usted. Brinde sus argumentos para que solo sea un traslado, entiéndame. Imagínese, todo el trabajo de reposición y luego otra vez la apreciación. Eso no tiene ningún sentido lógico desde una buena dirección de audiencia”, afirmó, sugiriéndole que utilizara un recurso de modulación, si lo consideraba necesario, para evitar demoras en el proceso.
En respuesta, y ante la postura firme de Rosero, la abogada defensora mostró su desacuerdo pero acató la orden. Acto seguido, dijo: “Me dirijo entonces no a usted, sino a los magistrados o algún magistrado”, intentando mantener la postura asumida por la defensa.
El desacuerdo entre las partes se manifestó días atrás, durante la audiencia del 16 de diciembre. Tras la solicitud formal de la Fiscalía de ordenar medida de aseguramiento, el delegado de la Procuraduría, Mario Enrique Gómez optó por darle respaldo a la solicitud de detención domiciliaria, con el fin de evitar posibles interferencias en el proceso judicial, sin necesidad de enviar a los exministros a un centro carcelario. Además, advirtió que no ve riesgo de fuga por parte de Velasco.
“La detención preventiva en lugar de residencia, con restricción de visitas y comunicaciones, resultaría idónea para evitar esas interlocuciones”, afirmó Gómez.
Ese día, la defensa de Velasco cuestionó con dureza los argumentos del ente investigador. La abogada defensora Rosa Elena Suárez sostuvo que la imputación carecía de elementos esenciales para configurar el delito de cohecho, y cuestionó la solidez de los testimonios que sustentan el caso, en especial los del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, el testigo principal de la Fiscalía.
En la tarde del jueves, luego de conocer la decisión de la magistrada, Velasco también puso en duda tanto los testimonios de López como la actuación de Rosero.
"Ahora debemos creerle a Olmedo López, quien está denunciado por haberle robado a su propio socio, a Olmedo, quien llegó a la Ungrd a sacar adelante un esquema de saqueo de recursos”, manifestó Velasco. “Nosotros no nos apropiamos de un solo centavo (....) cada reunión que sostuvimos los exminstros fue considerada por usted magistrada como sospechosa. No me reuní con nadie de Invías (...) yo no hacía eso, señora fiscal, señora magistrada (....) No soy un peligro, soy un hombre dedicado a mi familia, que estoy retirando de la esfera política”, añadió.
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