Amenazas con armas de fuego, quema de establecimientos comerciales y cobros extorsivos que podían llegar a millones de pesos hacían parte del accionar criminal de dos estructuras que durante meses sembraron el miedo en el sur de Bogotá.
Tras una serie de operativos simultáneos, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon a las bandas conocidas como Los Coyotes y Los Calibradores, responsables de decenas de casos de extorsión, intimidación y violencia contra comerciantes, conductores y habitantes de sectores vulnerables de la capital.
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En total, las autoridades capturaron a 14 personas y formularon imputación de cargos contra otras cuatro por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes.
Según el balance oficial, estas acciones impactaron las finanzas criminales de ambas organizaciones en más de 770 millones de pesos y se enmarcan en la estrategia de seguridad denominada Seguridad, Dignidad y Democracia.
La Policía destacó que en lo corrido de 2025 los casos de extorsión en Bogotá han disminuido un 22 %, con 553 denuncias menos frente al mismo periodo de 2024.
Uno de los golpes más significativos se dio contra Los Coyotes, un grupo delincuencial común organizado que operaba principalmente en la localidad de Usme.
Tras siete meses de investigación, apoyada en denuncias ciudadanas, labores de campo y reconocimientos fotográficos, las autoridades lograron identificar su estructura y modus operandi.
La banda intimidaba a residentes de sectores como La Esmeralda y Divino Niño, a quienes exigía pagos que iban desde los 50.000 pesos hasta los cinco millones, bajo amenazas directas contra su integridad y sus bienes.
Durante los operativos, adelantados en Usme y Puente Aranda, fueron capturados cinco integrantes y se imputaron cargos a otros dos.
En los procedimientos se incautaron cinco teléfonos celulares y un arma de fuego tipo revólver.
Entre los detenidos se encuentra el cabecilla, alias Coyote, quien ya había estado cinco años en prisión por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, y había quedado en libertad en 2020 por vencimiento de términos.
De acuerdo con el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, alias Coyote ejercía un férreo control económico y social sobre personas desplazadas forzosamente que habitaban zonas de invasión.
“Se aprovechaba de la violencia y la intimidación para someter a comunidades enteras”, explicó el funcionario, quien subrayó que la captura representa el cierre de un ciclo criminal que se había reactivado tras la salida del cabecilla de prisión.
La estructura de Los Coyotes estaba claramente definida. Alias Gioander era el encargado de ejecutar las órdenes del líder y de atacar a quienes se negaban a pagar. Otros integrantes, conocidos como Mechas, Tin y Geraldo, presionaban a las víctimas mediante agresiones y amenazas constantes.
Uno de los roles más violentos lo cumplía alias Chinche, quien utilizaba armas de fuego para intimidar, incluso disparando contra viviendas y mascotas para infundir terror. Varios de los capturados registran antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de drogas, y están vinculados al menos a seis víctimas directas.
En una operación paralela, la Policía Metropolitana desmanteló a Los Calibradores, una banda conformada por nueve personas que extorsionaba a conductores informales y comerciantes en las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme.
Su accionar se concentraba en paraderos y rutas de transporte informal de barrios como Libertadores, Juan Rey, 20 de Julio, Restrepo y Tiaguaque, donde abordaban a sus víctimas y les entregaban panfletos con amenazas.
Las exigencias económicas eran semanales y oscilaban entre 300.000 y 900.000 pesos, a cambio de no atentar contra la vida de los conductores ni quemar los establecimientos comerciales.
El liderazgo de esta estructura recaía en alias Andrés, quien, pese a estar privado de la libertad por homicidio, coordinaba las extorsiones desde prisión.
Alias Alfredo era señalado de coordinar homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato y estaría implicado en el asesinato de un conductor ocurrido el 2 de octubre de 2025 en el puente Libertadores, en San Cristóbal.
Otros roles clave eran los de alias Cara Cortada, responsable de incendiar locales comerciales como castigo por el no pago de las cuotas extorsivas, y alias Morocho, quien se encargaba de recoger el dinero en rutas y paraderos. A Los Calibradores se les atribuyen al menos 15 víctimas con denuncia formal ante las autoridades.
Los integrantes de ambas organizaciones fueron enviados a centros carcelarios con medida de aseguramiento. Desde la Secretaría de Seguridad se insistió en que el combate a estas estructuras también pasa por frenar el flujo de drogas y armas hacia la ciudad.
“Estas economías ilegales son las que financian a quienes desplazan y asesinan”, afirmó Restrepo. Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 y aseguró que continuará reforzando las acciones de prevención en las zonas más afectadas.
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