Debido a los casos recientes sobre irregularidades en licitaciones y procesos de contratación en entidades del Estado, en Colombia se tiene un gran interés de que todos los casos de esta índole sean expuestos públicamente.
Es por ello que llama la atención un proceso de contratación para el servicio de vigilancia privada en las cinco macroregiones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que enfrenta señalamientos por parte de gremios y veedurías, que advierten sobre un presunto “pliego sastre” que restringiría la pluralidad de oferentes y favorecería a la empresa Amcovit Ltad.
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Las observaciones apuntan directamente a los requisitos establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación, instrumentos publicados para la convocatoria que gestiona la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
De acuerdo con los documentos presentados (que fueron suministrados a Infobae Colombia), uno de los puntos considerados más restrictivos corresponde a la exigencia de acreditar sucursales a nivel nacional por parte de las compañías participantes, una condición indispensable para concursar por las cinco macroregiones propuestas.
La disposición excluye a firmas que operan mediante agencias autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales tradicionalmente han competido en procesos estatales.
“El proceso está tan direccionado que la única empresa con capacidad de ofertar en todos los grupos sería Amcovit Ltda, bloqueando a otros actores con infraestructura suficiente para ejecutar contratos de gran escala”, afirman veedores del sector.
Las inquietudes aumentaron tras la publicación de las respuestas a las observaciones, en las que según los reclamantes, la Bolsa Mercantil de Colombia respondió de manera superficial y contradictoria, sin claridad frente a las dudas sobre la acreditación de las sedes y el alcance territorial exigido. Las respuestas oficiales habrían inducido a errores de interpretación porque, en palabras de los denunciantes, “en el documento de respuestas dicen una cosa y en la ficha técnica otra”.
La cronología revela que el proceso sumó nuevos elementos el 15 de diciembre, fecha en la que se efectuó la republicación de las fichas técnicas en horario nocturno.
Los colectivos que se suman en la denuncia sostienen que esta actuación consistió en modificar determinados requisitos para dar cabida, finalmente, a la acreditación de agencias y no únicamente de sucursales, aunque advierten que los lineamientos generales aún privilegian a un reducido grupo de empresas.
“Cada una de las zonas quedó abierta, sin sectorización, lo cual constituye una barrera de entrada artificial. Solo Amcovit Ltda. y Covisur de Colombia estarían en condiciones de cubrir todas las regiones, desplazando a empresas con trayectoria y capacidad operativa”.
El proceso tiene fijado el cierre para el 17 de diciembre y la adjudicación definitiva para el 26 de diciembre, fecha en la que se celebrará la denominada “rueda de negocios” en la plataforma de la Bolsa Mercantil de Colombia. El esquema actual obliga a los interesados a presentar propuestas para cinco macroregiones de forma simultánea, requisito inusual en la contratación pública de seguridad, según los gremios del sector consultados.
Para sustentar sus inquietudes, los intervinientes mencionan antecedentes en otros procesos estatales, citando el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), donde aseguran que la distribución territorial utilizada anteriormente por la BMC permitió un arreglo similar, presuntamente a favor de las mismas empresas mencionadas.
Los denunciantes afirman que en las convocatorias pasadas realizadas por el Icbf se permitió a los interesados participar en igualdad de condiciones mediante modelos transparentes y sectorizados que equilibraban la competencia y daban cabida a entidades regionales. En contraste, el modelo fijado para esta nueva licitación tendría una orientación para favorecer a un grupo reducido de actores.
Frente a la inminente adjudicación, gremios y veedurías han solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Vigilancia que vigilen cada etapa del proceso, para que se garantice la transparencia y pluralidad de oferentes en el manejo de recursos públicos destinados a la seguridad y protección de la niñez.
De la misma forma, exigen que se evite la consolidación de prácticas restrictivas que puedan impactar la prestación de servicios esenciales para miles de usuarios en el territorio nacional.
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