La decisión judicial que involucra a María Alejandra Benavides, exasesora técnica del Ministerio de Hacienda y figura central en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), marcó un punto de inflexión en el proceso que la llevó a convertirse en testigo clave contra el exministro Ricardo Bonilla y otros funcionarios.
La defensa de Benavides, según explicó su abogado Jaime Andrés López a La FM, se fundamentó en la transparencia y en la exposición detallada de los hechos ante la magistrada Aura Rosero Baquero, que valoró especialmente el contexto funcional en el que actuó la exasesora.
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Este enfoque permitió que la magistrada comprendiera que Benavides no actuó de manera autónoma, sino que cumplía órdenes dentro de una estructura jerárquica, lo que resultó determinante en la evaluación judicial.
En la entrevista concedida al medio citado, López subrayó que el proceso fue especialmente complejo para su clienta desde el punto de vista personal y humano. El abogado enfatizó que la defensa no busca celebrar decisiones judiciales, sino que su prioridad fue que se reconociera la veracidad del relato de Benavides y su contexto de actuación.
López afirmó: “Para ella, como ser humano y como persona, ha sido muy difícil todo este proceso”, destacando el impacto emocional que ha tenido el caso en la exfuncionaria.
Uno de los elementos centrales que la magistrada del despacho 003 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tuvo en cuenta, según López, fue la naturaleza de las funciones que desempeñaba Benavides.
El abogado explicó que la defensa dejó en manos de la administración de justicia la valoración de las pruebas, pero insistió en que se logró demostrar que su clienta actuó bajo instrucciones precisas.
López sostuvo: “Le estaban dando una orden funcional”, y recalcó que este aspecto fue clave en el análisis jurídico del caso. Añadió que Benavides se encontraba en un entorno novedoso para ella y que la magistrada pudo establecer la existencia de órdenes claras dentro de la estructura institucional. En palabras del abogado: “María Alejandra no se mandó sola”.
Respecto a los pasos siguientes en el proceso, López manifestó a La FM su respeto por la administración de justicia y evitó anticipar conclusiones sobre el futuro de las investigaciones.
Señaló que serán las autoridades judiciales las que determinen el valor del testimonio de Benavides y definan si corresponde formular acusaciones en los procesos en curso. El abogado aseguró que su clienta está dispuesta a colaborar y a comparecer ante las autoridades cuando sea requerida, reiterando que la decisión sobre su situación jurídica dependerá exclusivamente de los magistrados encargados de cada caso.
Benavides, que fue asesora técnica y enlace con el Congreso en el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo, José Antonio Ocampo y, más recientemente, de Ricardo Bonilla en la administración de Gustavo Petro, adquirió notoriedad pública tras ser señalada como intermediaria en el presunto direccionamiento de contratos por más de $92.000 millones a cambio de votos para las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.
Posteriormente, optó por colaborar con la justicia mediante un principio de oportunidad, lo que la llevó a convertirse en testigo clave en el caso, aunque esta decisión la expuso a amenazas que obligaron a implementar medidas de protección.
López concluyó en la emisora mencionada que la defensa de Benavides se basó desde el inicio en la transparencia y en la exposición clara de los hechos ante las autoridades judiciales.
Explicó que su labor consistió en presentar la versión de su clienta ante los jueces y permitir que sean ellos quienes adopten las decisiones pertinentes, siempre dentro del marco legal y respetando el procedimiento establecido.
El abogado reiteró que cada proceso debe analizarse individualmente y que la defensa continuará actuando conforme a la ley y a las determinaciones judiciales vigentes.
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