
El presidente Gustavo Petro, reaccionó con severidad a las recientes críticas de la congresista Cathy Juvinao sobre la situación del sistema de salud, en un escenario marcado por el seguimiento judicial al cumplimiento de órdenes en el sector. Petro rechazó las acusaciones y destacó logros presupuestales y en salud pública durante su administración.
La controversia surgió tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional que negó una prórroga al Ministerio de Salud para entregar información clave sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta medida profundizó la vigilancia judicial sobre las gestiones del Gobierno en materia de salud.
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En este contexto, Cathy Juvinao expresó en sus redes sociales un juicio severo contra la administración actual. En su publicación, caracterizó la actuación gubernamental como una “asfixia deliberada” al sistema, definió la actitud del Ejecutivo en estos hechos como “ruin, miserable” y “canalla”, y se refirió a los efectos en la salud pública al mencionar que “cargan con miles de muertos al hombro y no les importa”.
Según Juvinao, las políticas recientes representan un cambio radical desde la promesa de ser una “potencia mundial de la vida” hacia un enfoque que denominó de “necropolítica”.

La postura de Juvinao presentó el incumplimiento judicial no solo como un tema administrativo, sino como un reflejo de una gestión insensible ante las consecuencias humanas que genera la crisis hospitalaria y financiera. Para la congresista, la negativa a entregar información sobre la UPC revela una estrategia sistemática de desgaste institucional que afecta directamente la vida y bienestar de los ciudadanos.
La respuesta del presidente Gustavo Petro
Gustavo Petro respondió de forma directa y pública mediante sus redes sociales, calificando las afirmaciones de Juvinao como “mentirosas”. El mandatario recalcó que el sistema de salud colombiano ha visto un incremento sustancial de los recursos presupuestales bajo su Gobierno. De acuerdo con su declaración, gracias a este aumento de fondos, se han renovado centenares de hospitales y puestos de salud, así como adquirido nuevas ambulancias para los municipios.
Además, el presidente resaltó la reducción a la mitad de la mortalidad infantil por desnutrición, considerándola un logro importante en salud pública que contradice las acusaciones sobre un deterioro del sector. En su defensa, Petro subrayó que estos resultados forman parte de los “éxitos de salud pública de Colombia” durante su gestión.

El presidente presentó estos resultados como evidencia de que el sistema no solo ha sobrevivido sino que ha mejorado, al contraponer datos concretos al diagnóstico de colapso planteado por sectores opositores. Petro sostuvo que el fortalecimiento presupuestal y las inversiones en infraestructura dan cuenta de un esfuerzo sostenido por garantizar mejor atención y servicios, diferenciando su visión sobre las causas y las manifestaciones de la actual crisis.
Resolución judicial y panorama institucional
La reacción de ambos actores se produjo tras la resolución del máximo tribunal, que recalcó la urgencia de solucionar las deficiencias históricas en el sistema de salud. El auto judicial enfatizó que las órdenes, emitidas primero en 2016 y reiteradas en varias oportunidades, no pueden seguir sujetas a aplazamientos ni nuevos trámites.
La Sala Especial de la Corte consideró que el volumen de información solicitado al Ministerio de Salud no justificaba más retrasos, aludiendo a la persistencia de incumplimientos pasados y a la gravedad de los problemas estructurales. La institución subrayó la importancia de la información solicitada para enfrentar el estado de cosas inconstitucional declarado años atrás y avanzar en la superación definitiva de la crisis.

Un debate de fondo sobre la gestión presidencial
El intercambio refleja un momento de tensión política en la agenda nacional sobre la salud pública. Mientras la representante Juvinao acusa una política de omisión activa con consecuencias graves para la población, el presidente Petro reivindica avances concretos y soluciones estructurales a través de mayores recursos y mejora de servicios.
La discusión, activada a partir de las decisiones judiciales, pone en evidencia visiones contrapuestas respecto al rumbo del sistema y la eficacia de la gestión estatal frente al control y supervisión de la Corte Constitucional.
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