AMI advierte “deterioro de la libertad de prensa en Colombia” tras informe de la CIDH y pide acciones estatales

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) expresó su inquietud frente al deterioro de la libertad de prensa en Colombia, luego de conocerse las conclusiones del informe titulado “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita in loco al país, realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024.

El pronunciamiento fue divulgado por SEMANA y recoge la posición del gremio frente a las advertencias formuladas por el organismo internacional.

De acuerdo con la asociación, los indicadores relacionados con el ejercicio periodístico han mostrado señales persistentes de afectación, situación que, según indicó, ha sido documentada por la organización durante varios años.

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AMI señaló que estos registros incluyen episodios que impactan la independencia de los medios, el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a acceder a información desde múltiples enfoques, sin condicionamientos derivados de posturas políticas o ideológicas.

En su comunicación, el gremio sostuvo que estas alertas han sido puestas en conocimiento tanto de autoridades nacionales como de instancias internacionales, con el propósito de visibilizar riesgos estructurales para la labor periodística. Según AMI, el informe de la CIDH recoge varios de esos elementos y los integra en un análisis más amplio sobre la situación de derechos humanos en el país.

El documento citado por la asociación señala que la libertad de prensa se ha visto afectada por hechos de violencia física, estigmatización desde escenarios gubernamentales y directrices relacionadas con la pauta oficial, así como por otras decisiones que, según el gremio, han tendido a fortalecer a medios alineados con mensajes oficiales, en detrimento de otros actores del ecosistema informativo. Estas dinámicas, indicó AMI, inciden en el equilibrio informativo y en las condiciones de competencia dentro del sector.

En relación con el contenido del informe de la CIDH, la asociación resaltó que el organismo internacional identifica al ejercicio periodístico como una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes cubren asuntos vinculados con administración pública, economías ilegales, seguridad y conflicto armado. Según el reporte, la violencia física contra periodistas proviene principalmente de grupos armados ilegales, que utilizan estas acciones como mecanismos de intimidación para ejercer control social en distintos territorios.

AMI también destacó que el informe hace referencia a discursos estigmatizantes emitidos por funcionarios públicos, los cuales han calificado a periodistas como un “desafío crítico para el país”. De acuerdo con el análisis de la CIDH, este tipo de señalamientos contribuye a normalizar la violencia directa e indirecta, además de profundizar procesos de exclusión y discriminación que afectan la participación democrática y los esfuerzos de construcción de paz.

El organismo interamericano advirtió que expresiones que califican a periodistas como “opositores”, “neonazis”, “extrema derecha”, “periodismo Mossad” o “muñecas de la mafia” configuran entornos permisivos para agresiones contra quienes ejercen labores informativas. Según AMI, esta situación presenta impactos diferenciados en el caso de mujeres periodistas, quienes, además, enfrentan mensajes misóginos y de contenido sexualizado.

Otro de los puntos señalados por la CIDH, y retomado por la asociación, tiene que ver con el uso de medios de comunicación públicos para la difusión exclusiva del mensaje oficial, así como con la concentración de la pauta estatal. En este contexto, el informe menciona la anunciada “ley de tercios”, iniciativa que, según el organismo, podría tener efectos sobre el pluralismo y la equidad en la distribución de recursos públicos destinados a publicidad oficial.

Frente a este panorama, el informe formula una serie de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano. Entre ellas se incluyen medidas para prevenir el uso de medios públicos como herramientas de propaganda, la adopción de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de pauta oficial, la implementación efectiva de la Directiva Presidencial sobre los deberes de los funcionarios frente a la libertad de expresión, y el fortalecimiento de mecanismos integrales de protección para periodistas.

Asimismo, la CIDH recomendó la creación de un registro sistemático de agresiones contra periodistas, con el fin de facilitar estrategias de prevención y respuesta institucional. AMI subrayó que estas propuestas coinciden con planteamientos que el gremio ha venido exponiendo, así como con llamados reiterados de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), basados en reportes continuos sobre agresiones y amenazas contra comunicadores en distintas regiones del país.

En su comunicado, la asociación afirmó que el informe de la CIDH reconoce preocupaciones previamente expuestas por el sector y reitera la necesidad de adoptar medidas estructurales y permanentes orientadas a garantizar un ejercicio periodístico libre, seguro y plural en Colombia, en un contexto marcado por persistentes riesgos para quienes desarrollan esta labor informativa.