En la mañana del 16 de diciembre de 2025, se conoció que el contratista Emilio Tapia recuperó su libertad tras una decisión judicial adoptada por la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, quien actualmente enfrenta dos investigaciones disciplinarias por presuntas actuaciones en beneficio del propio Tapia, uno de los personajes más controvertidos del país.
Durante la mañana del 15 de diciembre, la libertad condicional fue concedida a Tapia Aldana, conocido por su vinculación en importantes escándalos de corrupción, tras una orden emitida por la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.
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Esta medida responde al cumplimiento de 90 meses y 10 días de condena en la cárcel El Bosque, ubicada en Barranquilla. El beneficio judicial implica un periodo de prueba que se extenderá por 27 meses y 11 días, tal como se especifica en la desición.
“SEGUNDO: CONCEDER al sentenciado EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA la libertad condicional por un período de prueba de 27 MESES y 11 DÍAS, para lo cual, se tendrá como caución prendaria la misma que prestó con ocasión del auto del 11 de abril de 2025, pero sí se le exige la suscripción de una nueva acta de compromiso al tenor del artículo 65 del C. P., considerando la modificación del periodo de prueba”.
En el documento también se advierte que la instrucción dirigida a la Dirección del EPMSC de Barranquilla -El Bosque establece quela libertad de Tapia Aldana solo procederá si no existe ningún requerimiento vigente por parte de otra autoridad judicial. En caso de que alguna entidad judicial solicite su presencia, deberá ser puesto de inmediato a disposición de esa autoridad competente.
La trayectoria de Tapia Aldana ha destacado en la opinión pública debido a su participación en casos como el carrusel de la contratación en Bogotá y el escándalo de Centros Poblados, ambos relacionados con desvío y mal manejo de recursos públicos originalmente destinados a proyectos de infraestructura y conectividad para sectores vulnerables del país. Las condenas en su contra reflejan la gravedad de los ilícitos cometidos durante el ejercicio de funciones vinculadas a la administración y contratación estatal.
En la esfera política, Emilio Tapia es esposo de la representante a la Cámara Saray Roballo, lo que ha mantenido el interés mediático sobre los procesos judiciales que enfrenta. Su excarcelación se hizo efectiva en cumplimiento estricto de las normas judiciales, según consta en el documento expedido por la autoridad competente.
Este hecho reaviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial colombiano, especialmente cuando se trata de figuras públicas con antecedentes polémicos.
Investigación a juez que lleva el caso
La Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico ha decidido ampliar la investigación contra la juez primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Rodríguez, tras recibir información sobre presuntas maniobras para demorar y obstaculizar la recaptura de Emilio Tapia, que fue detenido nuevamente el 2 de noviembre por orden del Juzgado 15 Penal de Bogotá.
Esta decisión surge luego de que la presidencia de la Comisión Seccional compulsara nuevas copias al expediente, fortaleciendo así el proceso disciplinario en curso.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) detalló que, pese a la notificación de captura realizada a Tapia en una clínica de Barranquilla, 20 días después se advirtieron posibles nuevas irregularidades por parte del despacho que previamente había concedido su libertad.
La juez Claribel Rodríguez ya enfrentaba una investigación disciplinaria por haber otorgado la libertad condicional a Tapia el 11 de abril, quien fue condenado por el desfalco de Centros Poblados. La reciente ampliación del expediente responde a la aparición de nuevos elementos que apuntan a un posible intento de obstaculizar la acción judicial tras la recaptura del condenado.
La información sobre las presuntas maniobras dilatorias y la decisión de robustecer la investigación fueron confirmadas por la presidencia de la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico, según reportó W Radio.
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