El juzgado del municipio de Baraya, Huila, condenó en las últimas horas al agricultor Fabio Nelson Vargas Perdomo por la muerte de un cerdo con arma de fuego, al parecer, porque el porcino “se metió en su finca”.
En la sentencia, la jueza Andrea del Pilar Aya Oviedo precisó que las heridas provocadas al cerdo con el arma de fuego generaron sufrimiento físico y estrés antes de la muerte.
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El caso, ocurrió el 4 de febrero de 2021, y se originó cuando el animal ingresó a la finca El Chunche, propiedad de Vargas Perdomo, y ocasionó daños en una planta de auyama.
El dueño del cerdo, Henry Vargas Silva, relató al medio huilense La Nación que el animal fue ultimado tras ingresar a la finca de Vargas Perdomo, distante a doscientos metros de su propiedad. “Lo mató porque el cerdo fue allá a la casa de él, la finca vecina”, expresó.
El agricultor señalado disparó una escopeta contra el animal, porque, según alegó, el porcino estaba causando daños en un cultivo de auyama, aunque el propietario del cerdo minimizó el perjuicio.
“El señor dijo que lo había matado porque le estaba causando daños, pero realmente los daños eran muy mínimos porque tenía unas matas de ahuyama, cuando se fue y se verificó realmente el daño hecho el cerdo era que se había comido solamente una mata de ahuyama. El señor, yo creo que por intolerancia lo hizo”, sostuvo Vargas Silva.
El fallo condenatorio se convirtió en el primero en la región por maltrato animal. La jueza determinó que el acusado vulneró el derecho a la vida y la integridad de los animales al disparar y causar la muerte del animal.
De acuerdo con la información que publicó el diario periodístico huilense, el grupo Gelma, adscrito a la Fiscalía, lideró la investigación y concluyó que la muerte del cerdo fue causada por un disparo de escopeta que alcanzó órganos vitales, entre ellos los pulmones.
El tiro de escopeta que recibió el porcino
Un informe veterinario del 27 de septiembre de 2024 determinó que los impactos de perdigones en el costado izquierdo del animal resultaron letales. La jueza resaltó en el fallo que el procesado actuó de manera dolosa y consciente de la ilicitud de su acto.
“Al verificar la situación por parte de la Policía, encontraron que este presentaba orificios de perdigones al lado izquierdo que le causaron la muerte conforme el concepto veterinario de fecha 27 de septiembre de 2024 suscrito por la Profesional del Grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación”, dice la sentencia, citada por el diario local.
El proceso judicial se extendió durante cuatro años. El 20 de noviembre de 2025, en audiencia preparatoria, Vargas Perdomo aceptó los cargos de maltrato animal. La jueza consideró esta aceptación como una confesión y señaló que existía certeza sobre la responsabilidad del acusado en los hechos.
La sentencia estableció una pena de ocho meses de prisión, inhabilitación especial por el mismo periodo para actividades relacionadas con animales y una multa de 3,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.740.255).
La jueza otorgó la suspensión condicional de la pena por dos años, al no presentarse antecedentes judiciales ni riesgo de fuga. La Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que endurece las sanciones por maltrato animal, no fue aplicada de forma retroactiva.
Así va la Ley Ángel en Colombia
La Ley Ángel, aprobada en Colombia en abril de 2025, endureció las sanciones por maltrato animal, estableciendo penas de 48 a 98 meses de prisión y multas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes para los casos agravados.
Sin embargo, la aplicación de la normativa ha generado dudas entre la ciudadanía, especialmente tras la liberación de procesados en casos emblemáticos, lo que ha reforzado la percepción de impunidad.
De acuerdo con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, hasta octubre de 2025 se han registrado 9 condenas bajo la Ley Ángel. Además, Bogotá y Bucaramanga lideran el recaudo de multas, alcanzando 200 millones de pesos en un solo mes.
La senadora Andrea Padilla, autora de la ley, destacó en diálogo con Infobae Colombia que, aunque la ciudadanía ha respondido con mayor número de denuncias, persisten deficiencias en la respuesta institucional.
“La gente está viendo que hay una norma que respalda su indignación, está viendo que la institucionalidad se está activando y eso motiva la denuncia. Pero el sabor amargo radica en la fragilidad de la misma institucionalidad. Ver que todavía hay inspectores de policía que son renuentes a operar la ley. Ver que todavía hay policías que no entienden que ellos tienen la facultad para hacer la aprehensión material preventiva. Alcaldes absolutamente indiferentes, ignorantes de la norma, y la falta de capacitación de los operadores de justicia, que son los jueces y fiscales”, explicó.
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