La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) divulgó un pronunciamiento público en el que manifestó su rechazo al paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una medida que, según lo informado, tiene una duración de 72 horas y se extiende hasta el 17 de diciembre.
El comunicado fue difundido en medio de reportes sobre restricciones a la movilidad y alteraciones en distintas actividades económicas en varias zonas del país,
En el documento, el gremio empresarial señaló que las acciones anunciadas por el grupo armado generan impactos directos sobre la actividad productiva, así como sobre el desplazamiento de personas y mercancías.
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La Andi también hizo referencia a las amenazas dirigidas contra la población civil, las cuales, indicó, afectan derechos fundamentales y generan un clima de incertidumbre en los territorios donde se reporta presencia de esa organización ilegal.
El llamado central del gremio estuvo dirigido al Gobierno nacional, al que le solicitó ejercer de manera plena la autoridad del Estado en todo el territorio colombiano. En su pronunciamiento, la asociación subrayó que la Constitución establece obligaciones claras en materia de seguridad y protección de los ciudadanos, las cuales, según su postura, deben ser garantizadas sin excepción.
“El Gobierno no puede renunciar a la obligación que le otorga la Constitución y tiene el deber de garantizar a la población que ejerce la autoridad con plena cabalidad”, expresó la Andi en uno de los apartes del comunicado, manteniendo el énfasis en la responsabilidad institucional frente a hechos que alteran el orden público y la vida cotidiana de las comunidades.
El gremio empresarial advirtió que durante el desarrollo del paro armado se han presentado afectaciones significativas al transporte, tanto de pasajeros como de carga. Según lo indicado en el documento, estas restricciones han impactado la movilidad laboral y la cadena logística en diferentes regiones, con consecuencias que se extienden a sectores productivos y comerciales.
De acuerdo con la información contenida en el pronunciamiento, el transporte en el país se ha visto afectado en casi un 100 % en algunas zonas específicas durante las horas en que se han reportado bloqueos, amenazas o limitaciones impuestas por el grupo armado. La Andi señaló que esta situación repercute en miles de ciudadanos que dependen del transporte para cumplir con sus actividades laborales y económicas.
La organización empresarial calificó estos hechos como inaceptables, al considerar que vulneran derechos y generan riesgos para la integridad de las personas. En el comunicado, se reiteró que este tipo de acciones no solo impactan a las empresas, sino también a comunidades enteras que ven restringido su acceso a servicios básicos, mercados y oportunidades de empleo.
El pronunciamiento también incluyó una referencia al contexto social del país. La Andi indicó que las demandas sociales deben ser atendidas por las vías institucionales, sin que ello implique la interrupción forzada de actividades ni la imposición de restricciones mediante el uso de la violencia. En ese sentido, el gremio sostuvo que las vías de hecho afectan de manera desproporcionada a la población civil.
“Estamos en un momento crítico en el que es necesario atender las demandas sociales sin que ello implique la interrupción de actividades ni la imposición de restricciones mediante la violencia”, señaló la asociación en el texto difundido públicamente, reiterando su posición frente a los mecanismos empleados por los grupos armados ilegales.
El comunicado de la Andi se conoció mientras autoridades reportaban acciones atribuidas al ELN en distintos puntos del territorio nacional. En ese contexto, el gremio insistió en la importancia de preservar la seguridad, la movilidad y el normal desarrollo de las actividades económicas, elementos que, según indicó, resultan esenciales para la estabilidad del país.
La asociación recordó que las agresiones y amenazas contra la población civil representan una afectación directa al bienestar general, y que la continuidad de estas situaciones incrementa la incertidumbre en regiones donde ya existen dificultades históricas en materia de orden público. El gremio reiteró su solicitud de que se adopten medidas que permitan restablecer la normalidad institucional y garantizar la protección de los ciudadanos.
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