Durante rueda de prensa, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó, el 15 de diciembre, que en la sesión de la mesa de concertación no llegó a ningún acuerdo sobre el aumento del salario mínimo.
Dijo que “los sectores, las organizaciones sindicales, insistieron en que el incremento fuera de dos dígitos para abrir la discusión sobre el porcentaje de esa cifra”. Anotó que los sectores empresariales rechazaron la solicitud y reiteraron su posición del 7,21%.
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“Por lo menos hasta ahora, eso se convirtió en una ‘sinsalida’ para avanzar en un acuerdo en esta fecha, establecida por la ley, que es el 15 de diciembre”, explicó el funcionario.
Puntualizó que ahora vienen 48 horas para conocer las salvedades de las partes. “Los empresarios como los trabajadores tendrán que radicar ante el Ministerio del Trabajo sus salvedades y opiniones sobre las propuestas de la contraparte y sus consideraciones en general sobre su propuesta propia”, dijo Sanguino al detallar que la cartera ahora tendrá que examinarlas.
Agregó que ahora habrá que definir la habilitación de espacios bilaterales con las partes y en esas consultas bilaterales se decidirá con el presidente Gustavo Petro si se da un segundo tiempo o si, definitivamente, el salario mínimo se expedirá por decreto.
Qué dicen los trabajadores
Tras la sesión, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, dijo que, como se anticipó desde el primer día, no hubo acuerdo. Apuntó contra los empresarios u dijo que estos suelen argumentar factores técnicos. Incluso, que en ocasiones reivindican la política, pero en esta oportunidad no lo hicieron, mientras que los sindicatos sí lo hicieron.
“Hubo un informe de la OIT en la comisión de concertación. La sesión comenzó con la presentación del informe, donde se indicó que existe una brecha del 50% entre el salario mínimo y la canasta básica familiar en Colombia. Ese dato nos llevó a proponer una reducción de esa brecha salarial. Por eso propusimos un 16% de incremento”, indicó el dirigente.
Señaló que los empresarios mantuvieron su propuesta en 7,21%, entonces, “como señalamos previamente, si los empresarios no modificaban su postura, nosotros tampoco lo haríamos. Ese fue el resultado”.
Calendario oficial de la negociación salarial
Así las cosas, ante la falta de acuerdo, el proceso de negociación del salario mínimo para 2026 se seguirá desarrollando bajo el siguiente cronograma oficial:
- 16 y 17 de diciembre:
Presentación de escritos de salvedades de cada parte.
- 18 de diciembre (8:00 a. m. a 1:00 p. m):
Sesión para estudiar las salvedades.
- 19, 22, 23, 24, 26 y 29 de diciembre (8:00 a. m. a 11:00 a. m.):
Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.
- 30 de diciembre:
Fecha límite para la expedición del Decreto de Salario Mínimo (Ley 278 art 8 Inc 2).
La imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la mesa de concertación tiene repercusiones que van más allá de la cifra final del salario mínimo.
- Polarización:
La decisión unilateral del Gobierno puede profundizar la polarización entre sindicatos y empresarios, lo que debilita la confianza en el proceso de concertación y genera reacciones políticas y económicas. Los empresarios manifestaron la preocupación por la posibilidad de incrementos que no estén respaldados por la productividad o la capacidad de pago, mientras que los sindicatos consideran insuficientes las propuestas del sector privado.
- Legitimidad del proceso:
La falta de consenso también afecta la percepción de legitimidad del proceso y puede traducirse en tensiones sociales, especialmente si el aumento decretado no satisface las expectativas de alguno de los sectores involucrados.
Riesgos de un aumento por decreto
Un grupo de 115 expertos advirtió sobre los riesgos de decretar aumentos que superen la inflación y la productividad. En una carta dirigida a los negociadores, señalaron que “un piso salarial sólido y sostenible es clave, pero los aumentos por encima de la inflación y de la productividad generan efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios”.
Asimismo, los especialistas insisten en la necesidad de una concertación responsable y basada en criterios técnicos, para evitar que los trabajadores de menores ingresos sean los más afectados por eventuales distorsiones en el mercado laboral.
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