Fiscalía imputó dos hombres por delitos de maltrato animal en Atlántico y Cundinamarca: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha intensificado sus acciones contra el maltrato animal, respaldada por la reciente Ley Ángel 2455 de 2025, que endurece las sanciones para quienes cometan este tipo de delitos.

Un fiscal local de la Seccional Atlántico, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó a Habib Leonardo Mosquera Navarro por el delito de muerte de animal agravado.

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Según la Fiscalía, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional concretaron la detención de Mosquera luego de que establecieran su presunta responsabilidad en la muerte de una perra llamada Princesa.

Durante el proceso judicial, el acusado enfrentó cargos derivados del brutal hecho ocurrido el 27 de octubre en una vía pública de Barranquilla (Atlántico), donde habría tomado al animal por las extremidades y la golpeó repetidamente contra el suelo, causándole la muerte. Ante el juzgado, Mosquera no aceptó los cargos que se le imputaron.

En un caso diferente, pero igualmente grave, la Fiscalía también formalizó cargo por lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal agravado a Jhon Jair Parrado López en Cáqueza (Cundinamarca).

Al hombre se le investiga por su presunta implicación en actos sexuales contra una canina criolla, identificado como Galleta, el 4 de diciembre. Las autoridades basaron la imputación en reportes ciudadanos y evidencia recopilada que lo relacionan directamente con el delito investigado.

Así como explicó el fiscal: “Recibió una llamada del comandante de la estación de policía y les indican que en barrios Villa del Prado se estaba presentando una situación y que había sido grabada por las cámaras de seguridad e indican que una persona estaba accediendo a un canino raza criollo, color amarillo y que además se escuchaban los gemidos del animal. Identifican a la persona que realizó este acto”.

“Esta persona, pues es la que es buscada por parte de los uniformados una vez se tuvo información de que al parecer usted era la persona señalada o que fue vista en estos videos. Los uniformados empiezan su búsqueda y es usted capturado más adelante en vía pública del municipio de Cáqueza. Ellos verifican la información, ya les habían enviado los videos de seguridad y las características concuerdan con lo que se ve en los videos, es decir, su aspecto físico y no solamente el aspecto físico, sino de igual manera la ropa que usted llevaba el día del ayer”, agregó en medio de la audiencia.

Ambos episodios destacan cómo la cooperación ciudadana y los recursos del sistema judicial han permitido avanzar en el esclarecimiento y sanción de las agresiones contra animales.

Ley Ángel 2455 de 2025, que endurece las sanciones para quienes cometan este tipo de delitos. Esta normativa establece penas de 32 a 56 meses de prisión, multas económicas y la prohibición de ejercer actividades relacionadas con animales o tenerlos bajo cuidado, en un contexto legal que reconoce a los animales como seres sintientes desde la Ley 1774 de 2016.

La Ley Ángel 2455 de 2025 es una normativa reciente de Colombia orientada a la protección a menores de edad, víctimas de violencia o delitos graves. Aquí tienes puntos clave sobre su contenido y alcance:

• Obliga a los hospitales y sistemas de salud a brindar atención médica inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier violencia, incluso si no presentan un adulto responsable.
• Establece que las instituciones deben activar rutas de protección y atención psicosocial de forma prioritaria y sin dilaciones.
• Permite al personal de salud y autoridades realizar intervenciones inmediatas para garantizar la integridad y seguridad de los menores, aun cuando no cuenten con documentación.
• Exige a las instituciones educativas identificar y canalizar casos sospechosos de violencia hacia menores hacia el sistema de protección.
• Facilita el acceso a acompañamiento psicológico, asesoría legal y medidas de protección para las víctimas y sus familias.
• Establece penas y medidas disciplinarias para funcionarios que omitan, retrasen o nieguen la atención a menores en riesgo.
• Promueve campañas de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos, personal sanitario y educativo, para la detección y manejo adecuado de casos.