Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández.
Los cuatro son considerados por las autoridades como presuntos integrantes de las disidencias de las Farc y posibles responsables de extorsionar y secuestrar a empleados y representantes de empresas petroleras en Meta.
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“En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández, posibles responsables del cobro de extorsiones y de secuestros a trabajadores y representantes de consorcios petroleros en Meta”, expresó la Fiscalía.
De acuerdo con información del ente acusador, los procesados habrían utilizado su condición de empleados de las compañías vinculadas para obtener datos confidenciales sobre contratos valorizados.
Supuestamente, esa información les habría permitido contactar a trabajadores y directivos en los sectores de Oasis y Salto de Cuernavaca, en Puerto Gaitán, a quienes presuntamente exigieron pagos bajo amenazas y ocultando sus identidades.
La investigación sostiene que estas actividades habrían contribuido a fortalecer las finanzas ilícitas del frente 39 ‘Arcesio Niño’.
“Estos hombres son señalados de aprovechar el vínculo laboral que tenían con las compañías afectadas para obtener información privilegiada sobre contratos de alto valor suscritos y que serían ejecutados en los sectores del Oasis y el Salto de Cuernavaca, en Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, con datos precisos y ocultando su identidad, contactaban a trabajadores y directivos de las empresas y los obligan a pagar determinadas sumas de dinero en medio de amenazas”, señaló la Fiscalía.
Y agregó: De esta manera, presuntamente contribuían a las finanzas ilícitas del autodenominado frente 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc.
Uno de los imputados, Carrillo Rojas, estaría implicado en la retención ilegal de dos trabajadores de un consorcio petrolero en septiembre de 2024.
Según la Fiscalía, las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante dos días en Altos de Tillava y la exigencia para su liberación ascendió a 60 millones de pesos.
La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, extorsión agravada y secuestro extorsivo. Ninguno aceptó los cargos.
Otros operativos de la Fiscalía
Recientemente, la Fiscalía informó que desarticuló una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro en el noreste y el Bajo Cauca antioqueño. Esta organización pagaba a funcionarios públicos y grupos armados para garantizar la continuidad de sus operaciones ilícitas.
El valor de los bienes vinculados a esta estructura supera los $373.000 millones, según estimaciones oficiales, lo que revela la magnitud del impacto económico y social de sus actividades.
Cinco presuntos articuladores de la organización fueron capturados y judicializados. Entre ellos figura María Consuelo Jiménez Salazar, señalada como responsable de administrar el dinero proveniente de la actividad ilegal y de coordinar la obtención y venta del oro.
También comparecieron ante un juez Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, identificados como presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita. Jhon Wilmar Cabrera Gonzáles habría estado encargado del transporte de repuestos y de la contratación de mecanismos para reparar la maquinaria utilizada en los entables mineros.
Por su parte, Bernardo de Jesús Orrego habría prestado un título minero con el objetivo de intentar legalizar tres lingotes de oro incautados, una acción que, según las investigaciones, buscaba evitar la captura de uno de los integrantes de la organización.
Las pruebas recabadas indican que el grupo habría pagado a servidores públicos para que alertaran sobre operativos en la zona y entregado dinero a estructuras criminales con presencia en el departamento, facilitando así la extracción, transporte y comercialización del oro.
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