
El proceso de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá y señalado cabecilla de la organización criminal La Inmaculada, enfrenta un nuevo capítulo tras la acción de tutela presentada por el propio Marín Silva para frenar su entrega a Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas lo requieren para que responda por tres delitos vinculados con el narcotráfico, mientras que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, autorizó formalmente su extradición.
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En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable a la extradición de Marín Silva. Según el propio acusado, este aval habría vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, motivo por el cual recurrió a la tutela con el objetivo de que se revoque la decisión de la Corte.
No obstante, el magistrado Gerson Chaverra, que integró la Sala y fue responsable de la ponencia que derivó en el concepto favorable, solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante. Chaverra argumentó que la acción de tutela carece de fundamento, ya que, en su criterio, no existió vulneración de derechos y respaldó la decisión adoptada en noviembre, que dio luz verde a la entrega de Marín Silva a las autoridades estadounidenses.

“El concepto de extradición emitido por esta Corporación, como lo deja entrever las consideraciones que lo soportan, se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que, descarta, la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva. Consecuente con lo indicado, la protección constitucional solicitada por el accionante no tiene vocación de prosperidad”, se lee en el documento.
El documento firmado por el presidente Gustavo Petro establece de manera explícita: “Conceder la extradición el ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”. Esta resolución se suma al concepto de la Corte Suprema, que, según el magistrado Chaverra, “se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que, descarta, la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva”.
Esto pidió alias pipe Tuluá para negociar con el Gobierno Petro

Jorge Arturo Lemus, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), explicó el estado actual de los acercamientos: “Estamos hasta ahora caracterizando a miembros de ‘La Inmaculada’, aún no nos hemos sentado con ellos”, afirmó el funcionario, subrayando que el proceso se encuentra en una fase preliminar de identificación y análisis de los integrantes de la banda.
En relación con las condiciones planteadas por Pipe Tuluá para iniciar un diálogo con el Gobierno, Lemus detalló a El Tiempo: “Él nos hizo saber que para sentarse a dialogar con el Gobierno y entregar a jóvenes y armas que tiene su organización, sólo pide ser trasladado de cárcel a Tuluá, municipio en donde tiene arraigo”. No obstante, Lemus precisó que, hasta el momento, no se ha producido ningún traslado y que el líder de la organización continúa en la misma prisión.
Sobre la posibilidad de frenar la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, Lemus indicó al medio citado: “Nos manifestó que iba a enfrentar su extradición a Estados Unidos. Ese tema sigue avanzando y él sigue en la cárcel en la que estaba. No se ha trasladado”.
Por su parte, la abogada de Pipe Tuluá, Angélica Martínez, expresó al mismo medio que, en su opinión, el proceso de paz debe prevalecer sobre la extradición. Según Martínez, “El Gobierno ahí se está comprometiendo con las víctimas. Es decir, las víctimas del conflicto urbano de la Inmaculada no van a ser revictimizadas por el Estado al no permitir que conozcan la verdad que el señor Andrés Felipe Marín Silva tenga por contar. Para mí prima la resolución de paz”.
A propósito, Martínez enfatizó la importancia de la presencia del líder en cualquier mesa de negociación, al afirmar: “No hay ninguna mesa en el país en la que su líder, su cabecilla o jefe no estén presentes”.
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