Un informe dado a conocer por la Procuraduría General de la Nación evidenció un deterioro sostenido en el funcionamiento del sistema de salud colombiano, así como en la operación de varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS), durante los últimos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La información fue divulgada horas después de que la Corte Constitucional abriera un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por el incumplimiento de la orden de reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según reportó Semana.
De acuerdo con el documento del ente de control, el sistema presenta fallas estructurales que se han profundizado, afectando la capacidad de respuesta frente a los usuarios.
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El análisis concluye que, tras un diagnóstico detallado, se identificó un “deterioro progresivo” que representa un “riesgo” para las personas que requieren atención médica oportuna en diferentes regiones del país.
La Procuraduría anunció la apertura de nuevas investigaciones disciplinarias contra funcionarios que, por “acciones u omisiones” en tareas de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control, habrían permitido el agravamiento de la situación. Estas actuaciones se adelantarán en los próximos días y buscan establecer posibles responsabilidades dentro de las entidades encargadas del sistema.
Uno de los puntos destacados del informe señala el aumento significativo de quejas, tutelas e incidentes de desacato presentados por afiliados al sistema de salud en los últimos años. Según el ente de control, este crecimiento refleja dificultades persistentes para garantizar el acceso a servicios médicos, tratamientos y medicamentos.
Los resultados del informe se basan en visitas administrativas realizadas a 18 EPS, de las cuales 9 se encuentran intervenidas. En ese proceso, la Procuraduría identificó que las intervenciones forzosas adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud derivaron en un “empeoramiento” de las condiciones de acceso a los servicios y de la sostenibilidad financiera de varias entidades.
Dentro de los casos analizados, Nueva EPS figura como uno de los más complejos. El documento señala que, tras la intervención, el costo de los servicios superó los ingresos, pasando del 95% en 2022 al 121% en 2023. Además, se reportó un patrimonio negativo superior a los 4 billones de pesos, cifra correspondiente al año pasado, lo que evidencia un desequilibrio financiero de gran magnitud.
La Procuraduría también advirtió sobre el impacto que estas cifras tienen en la atención a los usuarios. En el informe se indica: “Este deterioro se acompaña de una cifra alarmante de más de 131.000 tutelas previstas para 2025 y más de 33.000 incidentes de desacato, lo que demuestra la pérdida de capacidad de respuesta”, una situación que, según el organismo, compromete la garantía del derecho fundamental a la salud.
Otro de los ejemplos incluidos es Coosalud EPS, donde la siniestralidad pasó del 94% en 2022 al 115% en 2025, lo que significa que por cada 100 pesos de ingreso se estarían gastando 115 pesos. Esta dinámica financiera generó pérdidas superiores a un billón de pesos durante el último año evaluado, de acuerdo con los hallazgos oficiales.
El informe también da cuenta de prácticas que están siendo verificadas por el ente de control, entre ellas la presunta facturación de servicios médicos a usuarios fallecidos, posibles sobrecostos y dificultades en el acceso a medicamentos. Estas situaciones motivaron la apertura de actuaciones preventivas para establecer si existen responsabilidades disciplinarias asociadas a estas irregularidades.
La divulgación del documento se produce en un contexto de tensiones institucionales, marcado por decisiones judiciales relacionadas con la financiación del sistema. La Corte Constitucional ordenó el reajuste de la UPC, y el incumplimiento de esa instrucción derivó en un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo.
Según la Procuraduría, los hallazgos reflejan una presión creciente sobre el sistema, tanto en el plano financiero como en la atención directa a los usuarios, situación que se evidencia en el aumento de reclamaciones formales y acciones judiciales. El ente de control indicó que continuará con el seguimiento a las EPS evaluadas y a las entidades responsables de la supervisión del sistema.
El documento forma parte de una serie de informes técnicos elaborados a partir de inspecciones, análisis financieros y revisión de indicadores de acceso y prestación de servicios, con base en información recopilada directamente en las entidades evaluadas, tal como detalló Semana.
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