La Defensoría del Pueblo emitió un fuerte comunicado en el que advirtió que el “paro armado” anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afectará principalmente a la población civil de los territorios bajo su influencia en Colombia.
Según las declaraciones oficiales, esta acción, prevista para iniciar el 14 de diciembre y extenderse por 72 horas, impondrá restricciones generalizadas que limitarán la movilidad y alterarán la vida cotidiana en varias regiones.
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El ELN comunicó la entrada en vigor del “paro armado” a partir del 14 de diciembre de 2025, a las 6:00 a. m., una medida que, de acuerdo con la Defensoría, incrementa el riesgo de desabastecimiento y obstaculiza el acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente en las zonas históricamente expuestas a la violencia.
La Defensoría informó que las autoridades regionales ya han comenzado a coordinar acciones preventivas.
Los denominados “paros armados” suelen implementarse mediante amenazas y coerción, forzando a la población civil a cumplir restricciones impuestas sin legitimidad, según la entidad.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo argumentó que estas acciones recortan la circulación, paralizan la economía local, dificultan el acceso a atención médica, educación y suministro de productos básicos.
Adicionalmente, incrementan los riesgos de confinamientos, desplazamientos, amenazas y violencia basada en género, puntualizaron.
La entidad recordó que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), ningún grupo armado puede arrogarse funciones de autoridad ni imponer normas de convivencia o restricciones colectivas.
La Defensoría citó el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977, especialmente en relación con la protección de la población civil y la prohibición de actos o amenazas que busquen atemorizarla.
En su comunicado, la Defensoría enfatizó la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la población civil. Reiteró que la imposición colectiva de restricciones bajo amenaza puede configurar castigos colectivos, así como otras vulneraciones a garantías protegidas por el DIH.
El comunicado indicó que en años recientes estos paros han resultado en bloqueos “de facto” y en el agravamiento de las condiciones humanitarias en municipios de la costa pacífica y la frontera.
El organismo informó que ha activado un sistema especial de monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales.
Este mecanismo funciona para identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades locales y nacionales sobre la urgencia de adoptar medidas de prevención y protección.
“Exhortamos al ELN a abstenerse de ejecutar cualquier acción violenta y pedimos a las autoridades nacionales y territoriales que adopten medidas inmediatas, coordinadas y proporcionales que aseguren la protección de la población civil”, concluye el comunicado divulgado desde Bogotá el 13 de diciembre.
Las regiones más vulnerables estarán bajo observación especial, debido a la alta exposición que históricamente han presentado frente a operativos similares.
El documento reza que los anuncios del ELN suelen desencadenar desplazamientos, confinamientos y afectaciones generalizadas en departamentos como Chocó, Antioquia y Norte de Santander.
Defensoría condenó paro armado de disidencias de las Farc en las fronteras
De la misma manera, la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su rechazo al “paro armado” de 22 días impuesto por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, en los departamentos de Caquetá y Putumayo, fronterizos con Perú y Ecuador.
La medida, que estará vigente entre el 9 y el 30 de diciembre, fue ordenada por el frente Carolina Ramírez y restringe la movilidad de personas y vehículos, además de obligar al cierre de comercios y amenazar a quienes no acaten las restricciones.
Según la Defensoría, estas acciones afectan derechos fundamentales y constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. “Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”, afirmó la entidad en su cuenta de X.
Para responder a la situación, la Defensoría del Pueblo activó sistemas de alerta y acompañamiento a las comunidades, e instó a las autoridades a garantizar la seguridad y la movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.
“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, subrayó la Defensoría.
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