El esquema de seguridad asignado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz en Colombia ha generado un intenso debate público por su magnitud y costo, así como por la justificación de las medidas adoptadas.
Según la información oficial entregada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en respuesta a un derecho de petición presentado por W Radio, el dispositivo de protección para Mancuso implica un gasto mensual superior a $200 millones, cifra que ha sido objeto de controversia al compararse con la protección brindada a otros beneficiarios oficiales y líderes sociales.
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En medio del creciente escrutinio sobre la pertinencia y los costos de este esquema, Mancuso publicó un comunicado público en el que respondió directamente a las revelaciones de la emisora y defendió la legalidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas de seguridad a su favor.
En el documento, difundido a través de sus canales oficiales, aseguró que su esquema “no obedece a preferencias personales”, sino que es el resultado de estudios técnicos de riesgo realizados por especialistas de la UNP.
“El tipo y modelo de esquema de seguridad asignado a mi caso”, escribió, “no obedece a preferencias personales, es el resultado de estudios técnicos de riesgo”.
La carta también enfatiza que la protección estatal hacia desmovilizados que participan en procesos de paz no debe interpretarse como un beneficio discrecional.
En sus palabras, “la obligación del Estado de brindarme protección no es un privilegio ni un beneficio discrecional, es una garantía inherente a la desmovilización y nace de los compromisos que Colombia asumió en el marco de una negociación política de paz”.
Mancuso subrayó que esta protección ha sido ordenada por autoridades judiciales y que su implementación —ya sea por la UNP, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o la JEP— corresponde a un trámite administrativo, pero no afecta la obligación de fondo del Estado.
En otro de los apartes del documento, el exjefe paramilitar sostiene que no existe un trato preferencial hacia él y que su esquema, lejos de ser excesivo, es “cuatro veces menor que la otorgada a cualquier exintegrante del Secretariado de las Farc”, pese a que los estudios de riesgo en su caso arrojan un nivel extraordinario en cada evaluación.
“En consecuencia”, añade, “no existe trato excepcional y ningún componente del esquema supera lo que está rigurosamente sustentado por estudios técnicos y por las obligaciones legales, judiciales y políticas que rigen al Estado colombiano”.
Este comunicado se conoció luego de que W Radio revelara que el esquema incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, un vehículo convencional y un chaleco de protección.
Según el sindicato Analtraseg, solo la nómina de los escoltas suma cerca de $94 millones al mes, con un costo aproximado de $11,7 millones por escolta.
A ello se agregan viáticos por unos 15 días al mes para cada integrante del equipo, calculados en $180.000 diarios, y los costos de combustible y mantenimiento de la flota.
La emisora también informó que los vehículos habrían sido modificados con internet satelital Starlink y refuerzos en amortiguadores y suspensión, lo que habría generado gastos adicionales. Estas modificaciones fueron objeto de críticas, ya que se trataría de alteraciones no contempladas inicialmente en los lineamientos de la UNP.
Frente a estos señalamientos, la entidad justificó el esquema asignado argumentando que Mancuso enfrenta un riesgo extraordinario derivado de su exposición pública y de su papel como enlace con comunidades afectadas y con organismos judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Recordó, además, que desde su regreso a Colombia en 2024, el excomandante paramilitar ha participado en diversos encuentros institucionales y ha entregado información sobre crímenes cometidos durante el conflicto.
Sin embargo, la controversia no se limita a los costos. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz & Reconciliación, cuestionó la transparencia del modelo de asignación de esquemas y afirmó en el medio citado que estos procesos se han “politizado”, favoreciendo a personajes con visibilidad pública sobre líderes sociales en riesgo real.
“Da la sensación de que este ha sido un proceso mucho más político que un ejercicio serio y documentado para cerrar Justicia y Paz”, señaló.
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