Otra renuncia sacude al gobierno de Gustavo Petro. Mónica Piedad Higuera Garzón, quien ocupaba el cargo de directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), dejó su puesto oficialmente, en medio de la controversia por un proyecto de decreto impulsado desde la Presidencia.
Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda confirmaron la salida, que se produce cuando el Ejecutivo busca acelerar normativas relacionadas con el manejo de los fondos de pensiones.
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La directriz promovida por el propio Petro apunta a que los fondos de pensiones estén obligados a repatriar inversiones actualmente colocadas en el extranjero.
El gobierno pretende así que los ahorros de millones de afiliados, gestionados por estas entidades, regresen al sistema financiero colombiano. “La presión para reformar la administración de los fondos de pensión es evidente”, sostuvo Blu Radio.
Hasta noviembre, los fondos mantenían inversiones externas superiores a 140 billones de pesos, cifra que equivale a más de la mitad del ahorro total gestionado.
La salida de Higuera se da en un contexto de alta tensión y debate en el sector financiero, con voces que advierten sobre posibles impactos en la estabilidad del sistema. Por el momento, no se ha anunciado reemplazo oficial.
Como parte de la misma disposición, Diana Larisa Caruso López, quien se desempeñaba como asesora del despacho del Ministro de Hacienda, fue designada en calidad de encargada para ocupar la Dirección General de la URF de manera interina.
Caruso asumirá la función a partir de la fecha de expedición del decreto, sin dejar de cumplir las tareas propias de su cargo anterior ni perder su vinculación con la planta de personal ministerial.
La comunicación sobre este nombramiento será gestionada a través de la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Hacienda, desplazando a Caruso a la dirección de una de las entidades clave en la regulación del sector financiero del país.
El texto señala que la encargatura se mantendrá vigente hasta tanto el Gobierno Nacional realice el nombramiento y toma de posesión oficial de la persona que ocupará el cargo de manera permanente.
La salida de Higuera Garzón y la designación temporal de Caruso López se producen en un contexto de importantes debates sobre la modernización y el futuro del marco normativo financiero colombiano.
El decreto, publicado y comunicado oficialmente, tendrá plena vigencia desde su expedición, según lo dispuesto en el ordenamiento legal.
De esta manera, la Unidad Administrativa Especial de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera comenzará una nueva etapa bajo la conducción temporal de Diana Larisa Caruso López.
Mónica Higuera ya había anticipado su salida desde el pasado 3 de diciembre
Desde el pasado 3 de diciembre de 2025, Mónica Piedad Higuera Garzón, directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, había anunciado su renuncia al cargo por medio de una carta que publicó en su cuenta en X.
La decisión se conoció cuando Higuera oficializó su renuncia mediante una carta dirigida a las autoridades del sector, en la que destacó la consolidación de avances técnicos en materia regulatoria durante su administración.
En su mensaje, la ahora exdirectora manifestó que durante su gestión se impulsaron iniciativas orientadas a reforzar la transparencia, ampliar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de las instituciones financieras.
Sostuvo que el fortalecimiento de la inclusión financiera fue uno de los principales objetivos promovidos bajo criterios técnicos, con el fin de avanzar hacia un crecimiento económico sostenible, equidad e integración de nuevos usuarios al sistema.
Al explicar su salida, Higuera Garzón expresó respeto por el enfoque gubernamental hacia una mayor justicia social, pero indicó que recientes determinaciones del Ejecutivo no coinciden con sus convicciones personales.
Subrayó que entrega la dirección de la URF agradecida con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y con la intención de facilitar una transición ordenada y enfocada en la equidad regulatoria para el país.
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