Infobae Colombia tuvo acceso a la denuncia que realizó el sargento (r) Alexander Chala por presuntas irregularidades en el funcionamiento interno del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae) en Colombia.
En el documento, Chala afirma que al interior de la entidad algunos procesos de autorización, adquisición y comercialización de armas estarían siendo objeto de alteraciones, manipulaciones y direccionamientos a cambio de pagos o beneficios económicos, lo cual podría configurar distintas conductas delictivas.
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El denunciante señaló a funcionarios activos del Ejército Nacional como a civiles relacionados con la gestión de trámites. Entre los nombres mencionados figuran la ingeniera Sonia Lucy Gonzales Castañeda, el mayor Reina Amado José Luis, el sargento González Gutiérrez Jheison, el sargento Melchor Maya Yojan Alexander y el civil Fernando Barragán Parra.
De acuerdo con el sargento (r), las personas mencionadas tendrían participación en decisiones administrativas relevantes, acelerando procesos que normalmente requieren tiempos más extensos para su resolución.
En el documento, Chala menciona que hay manipulación en el sistema informático del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, lo que posibilita que se avalen trámites que tradicionalmente exigen mayores controles y tiempos de espera.
El sargento afirma que el pago exigido por estos procedimientos puede oscilar entre 25 y 35 millones de pesos para la obtención de permisos; además, afirma que algunos bienes materiales obtenidos gracias a estos movimientos irregulares, como apartamentos y vehículos, están siendo registrados a nombre de terceros o de familiares para evitar un posible rastreo de incrementos patrimoniales.
Entre las conductas denunciadas también se incluye la realización de trámites desde oficinas privadas, en ocasiones sin la presencia del titular del permiso, y la agilización de procesos mediante la intervención directa de funcionarios y terceros.
En la denuncia se advierte sobre la supuesta utilización indebida del sistema digital por parte de personas con cargos administrativos, quienes anulan bloqueos o liberan procedimientos bajo el argumento de actualizaciones técnicas, mientras se facilitan estas operaciones de manera irregular. Otro de los apartados hace referencia a la modificación de cupos y venta de explosivos a determinadas empresas, con la participación tanto de funcionarios técnicos como de mandos administrativos y civiles.
Para el sargento Chala, estas acciones no solo comprometerían principios de legalidad en la administración pública, sino también la seguridad nacional, debido a la emisión de autorizaciones de armas sin cumplir con el procedimiento reglamentario.
Para exponer la gravedad del asunto, se menciona la posibilidad de que algunos funcionarios hayan acumulado patrimonio injustificado y que, en algunos casos, habrían sido sujetos de investigaciones administrativas previas archivadas sin sanción conocida.
Por todo lo mencionado, Alexander Chala pide al Gobierno nacional, haciendo hincapié en la responsabilidad, el Ministerio de Defensa, la apertura de investigaciones disciplinarias y penales sobre los funcionarios listados y la realización de una auditoría a los procesos internos del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de Colombia, asegurando que su denuncia ha sido registrada después de conocer versiones al interior de la entidad que confirman las presuntas irregularidades.
También solicita información permanente sobre el estado del trámite y que, de encontrarse mérito en las pruebas, se remita el caso a los organismos de control correspondientes como la procuraduría, la fiscalía y la contraloría.
El denunciante aclaró que la decisión de hacerlo público corresponde a una solicitud de confidencialidad de uno de los testigos del caso, que permanece en servicio activo.
“Esta denuncia la presento para que sea investigada a la mayor brevedad, el titular de la denuncia me pidió total confidencialidad, pues es un miembro activo de las fuerzas militares y por temor a represalias me contacto para que lo hiciera a mi nombre y responsabilidad”, se lee en la parte final del documento.
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