Las comisiones económicas del Congreso de la República dieron un nuevo golpe al Gobierno nacional, dirigido por el presidente Gustavo Petro, al archivar la ley de financiamiento (reforma tributaria) con la que esperaba recaudar $16,3 billones. El dinero, según explicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su momento, tenía como fin completar un faltante en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que quedó establecido en $546,9 billones.
El primer mandatario rechazó la decisión tomada por los congresistas, indicando que el hundimiento de la iniciativa –presentada nuevamente ante el Legislativo, aunque con un incremento en el recaudo– acercará a Colombia a “una emergencia”. En una publicación en X aseguró que las consecuencias del archivo de la propuesta se empezarán a evidenciar en el país y que la población más afectada será la que tiene menos recursos.
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El director de Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, experto en el estudio de los mecanismos presupuestales del Gobierno, explicó a Infobae Colombia las implicaciones que tiene la presentación y el hundimiento de la propuesta oficialista. Según indicó, aunque el primer mandatario haya advertido el acercamiento a una “emergencia” por cuenta del archivo de la reforma, lo cierto es que la administración lleva mucho tiempo inmersa en ese contexto.
La emergencia ya está presente
“El Gobierno lleva en una emergencia desde el año pasado sin ley de financiamiento. El presupuesto de 2024 no estuvo sujeto (a una reforma tributaria). Y, sin embargo, ese año tuvimos una caída espectacular del recaudo que fue justificada a través de, supuestamente, una caída no anticipada del recaudo”, detalló el experto a este medio.
De acuerdo con su explicación, el problema de esta situación radica en que la administración Petro no ha sabido pronosticar correctamente sus ingresos, lo que la ha llevado a presentar presupuestos desfinanciados que requieren, sí o sí, de una ley de financiamiento que la soporte y que llene le vacío que se tiene.
“El año pasado, el presupuesto de 2024, por ejemplo, hubo una sobreestimación de ingresos tributarios en cuatro puntos del PIB (Producto Interno Bruto), casi $75 billones”, detalló.
A su juicio, ante la falta de recursos, el Gobierno ha optado por radicar proyectos de reforma tributaria hechas “a la carrera” y ninguna de las iniciativas ha logrado subir el recaudo. “Una reforma que sí recaude es una reforma que sea pactada con muchos sectores y que no sea corriendo, poniendo supuestos”, precisó, indicando que para eso se requiere la liberación de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Un aumento de la deuda y del gasto público
Y, mientras el recaudo tributario no se incrementa, la deuda sí. El panorama colombiano, según indicó el director del observatorio, resalta entre el de otros países de la región.
“Hemos tenido un crecimiento de la deuda que no tiene pare en la región. Y hemos tenido un crecimiento del déficit que tampoco tiene par en la región. Entonces, un poco el tema que uno puede pensar que un gobierno esté en juego, si se quiere, una situación en la cual año a año le está cobrando mayores impuestos a las personas”, explicó.
Salazar indicó que el Gobierno nacional ha estado aumentando el gasto público, impulsando la creación de ministerios sin que se evidencie una ejecución importante de los recursos asignados a esas carteras. Desde su perspectiva, esto demuestra que la administración no ha tomado acciones para mejorar la situación fiscal del país, que depende netamente de las decisiones que tome el Ejecutivo, ahora que el Congreso volvió a rechazar su ley de financiamiento.
“El mismo Gobierno ha causado una crisis fiscal y para querer solucionarla, está, como la mayoría de gobiernos, digamos, de Colombia, haciendo leyes de financiamiento, reformas tributarias de afán, que no responden al problema estructural”, precisó.
Lo que se avecina: recortes presupuestales
Ante este panorama, aseguró que los problemas fiscales y económicos de Colombia pueden agravarse y que esto se puede ver reflejado en eventuales recortes presupuestales, que es algo que ya implementó el Gobierno ante el hundimiento de la reforma tributaria en 2024, afectando programas sociales como Mi Casa Ya.
Sin embargo, aclaró que la disminución en los recursos destinados a los proyectos no se debió al archivo de la iniciativa; respondió a un mal cálculo del recaudo tributario: “Fueron bastante esperanzadoras las cifras de recaudo”.
El experto aseguró que esos recortes son necesarios cuando se está gastando mucho más de lo que se tiene por concepto de ingresos.
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