El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre los acercamientos entre el Gobierno nacional y las bandas criminales de Barranquilla, específicamente con los grupos Los Costeños y Los Pepes, tras la autorización otorgada por el presidente Gustavo Petro para iniciar los diálogos con estas estructuras armadas ilegales.
El Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, mediante la resolución 442 de 2025, autorizó los acercamientos exploratorios con estas estructuras armadas, con el objetivo de evaluar su voluntad de paz y avanzar hacia el sometimiento a la justicia.
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Según el documento, estos acercamientos deberán llevarse a cabo bajo estricta confidencialidad, sin que ello implique un reconocimiento político o de beligerancia de los grupos armados ilegales. Por lo que el ministro Benedetti fue tajante al afirmar que los resultados de estas negociaciones ya son visibles y que la seguridad de la región ha mejorado considerablemente.
El ministro Benedetti, que estuvo muy activo en su cuenta de X el 11 de diciembre, defendió abiertamente las conversaciones con las organizaciones criminales.
En un mensaje publicado en la red social, el funcionario destacó los logros obtenidos a raíz de estas negociaciones: “Es verdad. Gracias a que el Gobierno de Gustavo Petro ha logrado sentar a alias Castor y a Digno Palomino en una mesa inicial de acercamiento, los homicidios se han reducido en un 50% en Barranquilla y su área metropolitana desde el mes de septiembre”, afirmó Benedetti.
Además, el ministro resaltó que, incluso en lo que va de diciembre de 2025, la cifra de homicidios había disminuido en un 24%.
En esta misma línea, el ministro destacó la disminución de otros delitos: “La extorsión se ha reducido en un 80% desde septiembre. Ojo coterráneos, todo ha sido producto de estrategias del Gobierno Nacional y su política de paz urbana”.
Con estas declaraciones, el alto funcionario y mano derecha del presidente Gustavo Petro buscó reafirmar la efectividad de las políticas implementadas bajo el mandato de Gustavo Petro, especialmente en una ciudad que ha sufrido altos índices de violencia en los últimos años.
Así, el ministro Benedetti confirmó la reunión entre los representantes del Gobierno y los cabecillas alias Castor y Digno Palomino como parte del inicio de los diálogos de paz con las bandas Los Pepes y Los Costeños de Barranquilla.
Paz urbana: supuesta clave para reducir violencia en las ciudades, según Benedetti
El decreto 441 de 2025, firmado por el presidente Petro el 6 de diciembre, autoriza los acercamientos con las bandas mencionadas, grupos que, según las autoridades, tuvieron una notable presencia en la región Caribe del país.
El Gobierno designó a varios funcionarios clave, como Ricardo Rey, director de contrainteligencia, y Alexander Rojas, exgobernador de Nariño, para liderar estos acercamientos y evaluar las condiciones para formalizar un posible proceso de paz con estas estructuras armadas.
“Las conversaciones, acercamientos y contactos a que se refiere el presente artículo deberán llevarse a cabo bajo criterios de confidencialidad, y en ningún caso implican reconocimiento político ni de beligerancia de esas estructuras armadas organizadas”, establece el decreto en su artículo 3.
Este enfoque resalta la importancia de que estos diálogos se lleven a cabo dentro del marco legal vigente, sin que se les otorgue legitimidad política a los grupos delictivos.
Cabe destacar que la política de paz urbana que mencionó el ministro del Interior forma parte de la estrategia de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, centrada en combatir la violencia y el crimen organizado en las grandes ciudades, situación que mantiene en el ojo crítico de la oposición sobre la administración gubernamental.
A diferencia de los diálogos con grupos rurales, esta política busca desarticular las bandas urbanas responsables de homicidios, extorsiones y microtráfico. Se basa en dos ejes: el diálogo socio-jurídico y sometimiento a la justicia, que busca acuerdos para reducir la violencia, y la inclusión social, que aborda las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades.
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