La incautación de una tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena representó un golpe directo a las finanzas del narcotráfico internacional, al impedir la circulación de 2,6 millones de dosis en mercados europeos y evitar la salida de un cargamento valorado en más de 57 millones de euros.
Según el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, este operativo afectó de manera significativa las economías ilegales del denominado Clan del Golfo, organización a la que pertenecería la droga decomisada.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a través de su cuenta de X que la operación se realizó sin víctimas fatales, resaltando la eficacia de la intervención policial.
En su mensaje, Petro detalló: “La policía nacional incauta una tonelada de cocaína en Cartagena. La cocaína venía en vehículos y fue detenida en Cartagena sin un solo muerto. Iba con destino a Milán, Italia”.
El mandatario acompañó su anuncio con un video en el que se observan decenas de bloques, aparentemente de estupefacientes, adheridos a las maquinas, lo que evidencia la magnitud del cargamento interceptado.
De acuerdo con el brigadier general Rincón Zambrano, la droga estaba oculta en maquinaria que había salido de Bogotá y tenía como destino final la ciudad de Milán, en Italia.
Las primeras investigaciones apuntan a que el cargamento pertenecía al Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más activas en el tráfico internacional de estupefacientes.
El director de la Policía Nacional subrayó: “Seguiremos actuando con toda nuestra capacidad operativa y judicial en lucha frontal contra el narcotráfico, afectando cada eslabón de su cadena criminal”.
Capturan a presuntos responsables de blanqueo de capitales en la Costa Caribe
Paralelo a esa acción, una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Interpol permitió desarticular una red dedicada al lavado de millonarios recursos provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
La organización, que operaba desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena, utilizaba complejos mecanismos para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos, infiltrando sectores como la logística portuaria, la hotelería y el mercado inmobiliario.
Según la directora especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa, en estos sectores se legalizaron $53 millones presuntamente originados en actividades de narcotráfico.
En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía impuso medidas de embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y dinero en dos productos financieros, con un valor preliminar de $70.000 millones.
Estos bienes, localizados en municipios de Antioquia y en Ayapel, Córdoba, estaban registrados a nombre de familiares y colaboradores que actuaban como testaferros, según informó la Fiscalía.
El entramado criminal estaba liderado, de acuerdo con la Fiscalía, por Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano, empresario del sector frutícola e inversionista deportivo en Urabá y Medellín.
Desde 2011, Fuentes Gulfo habría sido uno de los principales sostenes financieros del Clan del Golfo y actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza su proceso de extradición.
El director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, precisó: “Alias Cholo Banana, era considerado como un presunto narco invisible al servicio del Clan del Golfo. Él sería quien coordinaba envíos de cocaína en contenedores desde puertos de Urabá, Santa Marta y Cartagena con destino a los Estados Unidos, usando como puente países en Centroamérica y México”.
La organización camuflaba cargamentos de clorhidrato de cocaína en contenedores con frutos secos y bananos, así como en lanchas rápidas tipo gofast que transitaban por países de Centroamérica. En el sector de la logística portuaria, la producción de estivas para el transporte de banano y sociedades vinculadas a la hotelería e inmobiliarias fueron utilizadas para blanquear los fondos ilícitos.
Durante los allanamientos realizados en Apartadó, en el Urabá antioqueño, las autoridades capturaron a tres presuntos colaboradores del esquema de lavado de activos. Martha Elena Santacruz Palacios, alias La Contadora, habría creado empresas fachada, administrado recursos del lavado, manejado doble contabilidad e invertido en el sector inmobiliario.
Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo, está señalado como socio que habría adquirido 70 bienes y dos empresas con dineros del narcotráfico, arrendando los inmuebles sin contratos y recibiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo. Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias Juanca, presuntamente se encargaba de la logística y movilización de altas sumas de dinero en Urabá.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
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