Gobierno Petro y Clan del Golfo llegaron a otro acuerdo en los diálogos en Catar: fijaron protocolo y seguimiento al proceso

El Gobierno de Colombia y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo, han formalizado dos nuevos protocolos destinados a reforzar la transparencia y la coordinación en el proceso de paz que se desarrolla en el Espacio de Conversación Socio jurídico.

Entre las medidas adoptadas, destaca la creación de un mecanismo tripartito para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos asumidos en Doha, así como la garantía de soporte financiero, técnico y logístico por parte del Estado para el funcionamiento de este sistema y la labor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA).

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Uno de los puntos centrales de estos acuerdos es la elaboración de informes bimestrales por parte de la organización internacional, que serán compartidos con los grupos de trabajo y servirán como base para la divulgación conjunta de avances y retos.

El Protocolo de Comunicaciones establece procedimientos detallados para las declaraciones y mensajes conjuntos que emitirán ambas partes.

“Las actividades de comunicación deberán enmarcarse en los principios de buena fe centralidad de la paz, preservación y continuidad del proceso, confianza pública, veracidad, precisión y responsabilidad, contrastación de información, respeto mutuo y no estigmatización, impacto sobre los territorios, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, étnico, de edad, de discapacidad y territorial, corresponsabilidad y vocería compartida, coherencia con los compromisos suscritos, transparencia y confidencialidad, neutralidad frente a los procesos electorales y no instrumentalización, oportunidad y proporcionalidad”, se lee en el documento.

Las actividades contempladas abarcan comunicados, manejo de redes sociales, entrega de imágenes, ruedas de prensa y publicaciones web, según informaron las partes.

“Los compromisos y sus avances de cumplimiento serán informados a través de comunicados y declaraciones conjuntas Para tal efecto, cada grupo de trabajo designará un enlace de comunicaciones para coordinar su labor y ambos tendrán un contacto permanente”, manifestaron.

El segundo documento, denominado Protocolo para el Seguimiento, Monitoreo y Verificación (SMV) de los Compromisos de Paz, detalla la estructura y funciones del mecanismo tripartito, cuyo objetivo es informar, prevenir incidentes y verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Doha.

La agenda de verificación abarca aspectos humanitarios, sociales y de seguridad, con especial atención a las zonas priorizadas por la implementación de acciones piloto y las ZUT.

“El informe bimestral se trasladará a los grupos de trabajo en el espacio socio jurídico para su conocimiento y análisis. La comunicación de los informes bimestrales estará sujeta a la determinación de los contenidos de divulgación conjunta”, finaliza el documento.

Ambos protocolos fueron suscritos por representantes del Gobierno y del Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo, quienes reafirmaron su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso de paz.

Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo

Los protocolos de comunicaciones y de seguimiento se suman a la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) acordado entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo el 5 de diciembre de 2025, que estarán ubicados en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), donde se prevé la llegada gradual de los desmovilizados a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de un mecanismo internacional con sede en Doha, Catar.

En ese punto, ambas partes contempla que el listado inicial de integrantes será entregado al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y se actualizará de manera progresiva. La definición exacta de los lugares rurales para las ZUT se realizará mediante un acto administrativo, y antes del 3 de febrero de 2026 deberán establecerse los protocolos operativos en materia de seguridad, logística, monitoreo, resolución de controversias y manejo de material de guerra.

Además, el acuerdo prevé la suspensión de órdenes de captura y extradición para los combatientes durante su tránsito hacia las ZUT, con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas y humanas.

No obstante, en Tierralta, Córdoba, la preocupación entre líderes comunales y la población civil se ha intensificado ante la posibilidad de que la llegada de los combatientes coincida con el periodo electoral.

José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, solicitó al Gobierno colombiano una prórroga de diez días para que el ingreso de los integrantes del EGC ocurra después de la jornada electoral.

“Es inconcebible que en pleno proceso electoral existan estas agrupaciones”, manifestó el líder social en Caracol Radio.

La inquietud se extiende también a la elección de representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, destinada a las víctimas del conflicto.