Durante la mañana del viernes 5 de diciembre, la inscripción de la lista de candidatos del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Caldas se desarrolló en la sede de la Registraduría departamental.
En el acto, la aspirante Mariana Grajales Jaramillo estuvo acompañada por su madre, líderes políticos de la colectividad y recibió un ramo de rosas junto a una tarjeta antes de oficializar su candidatura. Entre los presentes se encontraba el alcalde de Villamaría, Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, la persona que entregó el obsequio y se retiró a los pocos minutos.
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Según constató La Patria, Ramírez Zuluaga acudió al lugar para desearle suerte a Grajales Jaramillo, a quien identificó como su novia durante una conversación telefónica con el medio. “Simplemente le entregué el obsequio y me fui. No me quedé en el proceso de inscripción”, sostuvo el funcionario en sus declaraciones recogidas por el medio citado.
La inscripción de la candidatura estaba fijada para las 10:00 a.m., aunque el equipo y los seguidores de Grajales Jaramillo fueron convocados desde las 9:30 a.m. para ambientar el evento previo al acto oficial. Tras la breve aparición de Ramírez Zuluaga, el desarrollo de la jornada continuó sin su presencia, aunque dejó incógnitas si resultaba pertinente y oportuna su aparición en el acto político.
De hecho, de acuerdo con expertos consultados por el medio citado, la presencia de Ramírez Zuluaga en el evento podría representar una posible injerencia en política, acción vedada para los funcionarios públicos en ejercicio.
Los especialistas recordaron que la legislación colombiana prohíbe a servidores como alcaldes participar en actividades de agrupaciones políticas y en controversias electorales, según el artículo 127 de la Constitución Política y otras normas disciplinarias.
De hecho, la Misión de Observación Electoral (MOE) reiteró en un informe de 2022 que funcionarios en altos cargos no pueden tomar parte en actos de partidos políticos, ni utilizar su posición para favorecer o perjudicar candidatos o agrupaciones. Además, está prohibido el uso de bienes y servicios estatales para apoyar campañas electorales.
De otro lado, de Grajales Jaramillo se conoce que nació en la vereda Villaflores de Villamaría, tiene 42 años y cursa el tercer semestre de Derecho. Según sus declaraciones al medio, inició su vida política en 2020 con su aspiración al Concejo Municipal. Durante la inscripción de su candidatura la acompañaron su madre, su hija y su nieta menor de edad.
Tribunal Superior de Manizales revocó arresto al alcalde de Villamaría por aparente desacato en demoliciones ilegales
El alcalde de Villamaría informó el sábado 29 de noviembre de 2025, que el Tribunal Superior de Manizales revocó la sanción de un día de arresto que le había sido impuesta por presunto desacato.
A través de las redes sociales de la Alcaldía de Villamaría, el mandatario local comunicó que, tras revisar la decisión del juzgado, el alto tribunal determinó que Ramírez sí cumplió con todas las acciones exigidas en la tutela presentada por un ciudadano.
“Gracias al soporte jurídico presentado, la autoridad superior determinó que no había lugar a sanción y dejó sin efecto la medida”, señaló desde la Alcaldía.
El proceso se originó tras un fallo en primera instancia que había ordenado un día de detención domiciliaria y una multa de $1.538.000 al alcalde, al considerarse que incurrió en desacato de una acción de cumplimiento relacionada con una tutela del 9 de mayo de 2025.
A Ramírez se le señalaba de incumplir la sentencia sobre la resolución 021 de 2023, la cual establecía la demolición de unas obras de 50,74 metros cuadrados frente al parque Villa Diana, ejecutadas sin licencia de construcción.
En su momento, Ramírez explicó que la logística requería personal especializado y maquinaria, y que la intervención no era exclusiva para esta propiedad, sino que abarcaba otras diez construidas sin el cumplimiento de los requisitos legales.
El mandatario precisó que el municipio enfrenta “una problemática muy sensible” debido al alto número de edificaciones ilegales, y que junto al Comité de Control Urbano había ordenado la demolición de unas diez estructuras, cada una con su respectivo proceso logístico para la demolición y disposición de los escombros.
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