Wilmar Mejía, recién suspendido como director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, radicó una solicitud formal de rectificación dirigida al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este pidiera que lo destituyeran de la institución.
La petición, presentada el 4 de diciembre de 2025, exige una retractación pública en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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El documento fue emitido en medio del escándalo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno nacional, integrantes de la DNI y disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. Las revelaciones incluyeron referencias al nombre de Mejía y a su papel dentro de la entidad, lo que intensificó los cuestionamientos sobre su presencia en cargos estratégicos.
Lo que dijo el gobernador
En medio del escándalo, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió al Gobierno retirar a Mejía de su cargo como delegado ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. En una intervención pública manifestó: “No tiene cosa alguna que hacer un director de Inteligencia representando al Presidente de la República en el consejo superior del alma máter”.
En otra declaración, el gobernador describió lo observado en una sesión del consejo universitario. Allí afirmó: “Después de mi asistencia al primer consejo superior de la Universidad de Antioquia salí aterrorizado y denuncié la presencia de estudiantes eternos, a mi modo de ver y según lo que hemos registrado recientemente, parecen tener un jefe, un instructor, le sirven en la mayoría de los casos al terrorismo. Alias Chulo, director de Inteligencia de la DNI, no es la primera vez que está en el consejo y eso no es gratuito que hoy vuelva al consejo y que además sea el director de inteligencia de la DNI sino que maneje también los tentáculos del Gobierno nacional en otras instituciones de educación superior donde seguramente también tienen la intención de abonarle el camino a los terroristas”.
Solicitud de reparación pública
En la comunicación enviada al gobernador, Mejía sostiene que este realizó imputaciones sin presentar pruebas ante autoridades judiciales. Entre las afirmaciones citadas se encuentran el uso del apodo alias Chulo, la referencia a que sería “jefe de las milicias urbanas del ELN”, y la acusación de que “operaba redes guerrilleras dentro de la Universidad de Antioquia”.
Mejía asegura que tales expresiones afectan derechos constitucionales como el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia. En el texto radicado señaló: “Sus acusaciones, al imputarme delitos graves como la rebelión, destruyen mi reputación personal y profesional”. También indica que las manifestaciones del gobernador trasladaron el debate a escenarios mediáticos en lugar de seguir el conducto formal ante la Fiscalía.
La solicitud también enfatiza que, como servidor público, el gobernador debe verificar previamente la información divulgada y abstenerse de realizar afirmaciones sin sustento probatorio que puedan generar perjuicios a terceros.
Un nombramiento en medio de la controversia
El nombramiento de Wilmar Mejía como director de Inteligencia Estratégica de la DNI sigue generando preocupación y debate público. Su designación del 10 de mayo de 2024 se hizo más visible tras la difusión del informe de Noticias Caracol sobre los archivos incautados en el operativo del 23 de julio de 2024 contra alias Calarcá. Según el reportaje, en los dispositivos electrónicos obtenidos durante esa operación aparecerían referencias que lo vincularían con presuntas actividades relacionadas con las disidencias de las Farc.
La presencia de Mejía en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia se dio nuevamente en 2024, después de haberlo integrado en 2004 como representante estudiantil. Según el contexto divulgado por el medio televisivo, su cargo en inteligencia le habría permitido incidir en procesos administrativos que involucraban destituciones, reintegros, ascensos y traslados de oficiales de la fuerza pública.
Por estos hechos y lo relacionado con las presuntas filtraciones de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Gobierno, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra Mejía y contra el general Juan Miguel Huertas, a quienes suspendió mientras se adelantan las pesquisas.
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