La investigación por el asesinato del periodista Jaime Vásquez en abril del 2024 avanza en varias líneas y ya involucra a altos niveles del poder político regional.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad Especial de Investigación, priorizó el caso por tratarse de un homicidio contra un comunicador que denunciaba presuntos actos de corrupción en Norte de Santander.
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Como parte de ese proceso, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el gobernador del departamento, William Villamizar, a partir de información que el propio Vásquez venía recopilando sobre un proceso de extinción de dominio que, según sus denuncias, involucraría al mandatario, a miembros de su familia y a aliados políticos, de acuerdo con W Radio.
La decisión de abrir esta indagación se sustentó en un conjunto de elementos probatorios recopilados tras el crimen, entre ellos interceptaciones telefónicas, registros de cámaras de seguridad y declaraciones que vinculan el homicidio con intereses económicos y políticos.
Una de las piezas más sensibles del expediente son las grabaciones atribuidas a José Alejandro Arias, el presunto sicario capturado por las autoridades, quien aseguró no haber recibido el pago prometido por el asesinato y señaló a terceros como responsables de esa deuda, según el medio citado.
En una conversación entregada por su abogado de oficio a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, Arias pidió ayuda para cobrar el dinero y afirmó: “Él no ha soltado la sopa”, en referencia a un intermediario.
En ese mismo audio solicitó que se intercediera ante el gobernador Villamizar y ante el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, para presionar el pago.
En otra grabación revelada por el periodista Daniel Coronell, el detenido aseguró que le debían 600 millones de pesos y señaló como responsable a un hombre identificado como Julio César Casas, a quien describió como propietario y gerente de varias empresas de seguridad privada en Cúcuta.
Según su versión: “Yo lo que quiero es solucionar esto… yo nunca quise el trabajo, yo creo que arriesgué mi vida”.
Julio César Casas es un empresario que fue condenado a 18 años de prisión por explotación sexual y uso de menores de edad. Aunque ha negado cualquier participación en el crimen de Vásquez, su nombre aparece de manera reiterada en los audios que hoy forman parte del expediente.
La Fiscalía también estableció que el periodista, consciente del riesgo que enfrentaba por sus investigaciones, dejó copias de la documentación relacionada con el proceso de extinción de dominio en manos de al menos dos personas de su confianza.
Estos elementos resultaron determinantes para que la investigación saliera del ámbito local y pasara a conocimiento de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.
El crimen ocurrió en medio de una compleja reconstrucción de los hechos que hoy hace parte del proceso penal. La Fiscalía recopiló videos de cámaras de seguridad y registros de comunicaciones que permitieron establecer que Vásquez fue seguido desde su casa en la mañana del asesinato.
Las imágenes muestran su desplazamiento el 14 de abril del 2024 hacia una iglesia y, posteriormente, hacia una cafetería de Cúcuta. En ese lugar, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó en repetidas ocasiones cuando el periodista intentaba refugiarse en el interior.
Una de las cámaras captó con claridad al atacante: era zurdo, presentaba una cojera notoria y tenía una contextura física definida. Cuarenta y ocho horas después, las autoridades capturaron a José Alejandro Arias, ciudadano venezolano conocido con los alias de el Chueco, Pure, Cari y el Cojo.
La Policía lo vinculó con la banda sicarial AK47, que opera en Cúcuta y que, en algunas ocasiones, tendría nexos con el Tren de Aragua. Al momento de su captura, los investigadores establecieron que sus características físicas coincidían plenamente con las del hombre que aparece en los videos.
Aunque Vásquez contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, compuesto por un solo escolta, al momento del atentado no estaba acompañado.
Semanas antes había advertido a colegas sobre el incremento de la violencia en la ciudad. De hecho, según cifras de la Policía, solo entre el sábado 13 y el domingo 14 de abril se registraron nueve homicidios en Cúcuta, incluido el del periodista.
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