Reforma tributaria de Petro no avanza: siguen las trabas en el Congreso y los colombianos no pagarían más impuestos por ahora

El Congreso de la República de Colombia sigue definir el futuro de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa que busca recaudar $16,3 billones para cubrir parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, estimado en $546,9 billones. El proceso, que continuó el miércoles 3 de diciembre en las Comisiones Económicas Conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, se vio marcado por retrasos, reprogramaciones y una creciente incertidumbre política sobre su aprobación.

El debate, originalmente programado para las 3:00 p. m., fue pospuesto para las 4:30 p. m. y, luego, continuó sin que se lograra el cuórum necesario para iniciar la discusión. La situación se repitió en varias ocasiones, lo que reflejó la falta de consenso entre los congresistas y la dificultad para avanzar en el trámite. El miércoles representaba el penúltimo día para que el proyecto fuera aprobado en las Comisiones Económicas antes de pasar a la plenaria de ambas cámaras. Si no se alcanzaban acuerdos hoy o mañana, el trámite podría continuar en sesiones extraordinarias, siempre que el presidente Petro las convoque.

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Aunque tras el pase de lista se confirmó la presencia de congresistas para iniciar la sesión, una hora después se determinó la falta de cuórum, lo que impidió el inicio formal del debate. La dinámica de aplazamientos y falta de cuórum fue una constante en el proceso, lo que dificultó la discusión y votación de la reforma.

En un primer intento, el secretario de la Comisión Cuarta de la Cámara, Juan Alberto Duque, informó que no había cuórum decisorio: hubo 6 votos por el “sí” y 7 votos por el “no”, por lo que no se lograron los votos para decidir el futuro de esta, debido a que se sumaron 13 votos de 15 necesarios. Esta se suspendió y, luego, ante el llamado del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, el resultado fue de 8 votos por el “sí” y 6 por el “no”, por lo que tampoco hubo cuórum decisorio, ya que se lograron 14 votos de 15.

Polémica por los votos

Ante la situación, sobre las 8:11 p. m., López anunció que decidiría levantar la sesión, algo que no hizo ante la intervención de varios congresistas. Luego, sobre las 8:35 p. m., confirmó la decisión y dijo que se citaría para el martes 9 de diciembre iniciando con la Comisión Cuarta, que fue donde no hubo cuórum.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, demostró por medio de un audio que sí hubo 15 votos, por lo que hubo cuórum, y pidió que se informara que decisión hubo. Al respecto, el secretario Duque explicó que, primero, habían 13 votos, seguido, entraron dos votos, pero al llamar de nuevo a lista no alcanzaron los 15 votos y el resultado fue de 8 votos por el “sí” y 6 por el “no”. Ante esto, López, sobre las 8:43 p. m., levantó de manera formal la sesión y se citará para la próxima semana.

El Gobierno había tomado un respiro, debido a que las Comisiones Económicas Conjuntas de la Cámara de Representantes rechazaron la propuesta que pretendía archivar de forma definitiva la iniciativa legislativa, pero no alcanzó para que siguiera adelante.

Durante el debate surgieron varias controversias debido al retiro sin previo aviso de firmas que respaldaban el archivo de la iniciativa. La acción llevó a que las comisiones reabrieran la discusión.

Congresistas de la oposición solicitaron a las directivas de las comisiones que se tramite el debate de la ponencia positiva, al considerar que existe el número necesario de votos para archivar el proyecto. Mientras tanto, el Gobierno exploraba alternativas para que la reforma avanzara, con la expectativa de complementar los recursos del presupuesto para el año próximo.

Más ajustes a la reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció ajustes en la reforma tributaria relacionados con la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para la industria extractiva. Explicó que uno de los motivos por los que la Corte Constitucional rechazó esta propuesta tuvo que ver con los pagos tanto en especie como en dinero. El Ejecutivo ya cuenta con una corrección en este aspecto, así como una salvaguarda que contempla la variación de los precios del petróleo.

Ávila expuso que “esta proposición aditiva cuenta con el respaldo del Ejecutivo y representa un aumento del recaudo de $3 billones anuales y esto nos permite revisar aquellas iniciativas que generan inquietud".

El ministro indicó que, de aprobarse esta propuesta, se eliminaría la intención de aumentar los impuestos a los licores y se revisaría el gravamen al carbón. Añadió: “Nos queda el incremento de la tributación para el sistema financiero”, al señalar que el sector dispone de recursos suficientes para contribuir a los programas sociales destinados a la población vulnerable.

Durante el debate, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, dio por muerta la reforma tributaria “Dos comisiones del Senado votamos sí al archivo del proyecto, de manera que se rompa o no el quorum, la reforma está hundida”, anotò.

Objetivos y medidas fiscales de la ley de financiamiento

La ley de financiamiento es una de las apuestas centrales del Ejecutivo para asegurar los recursos necesarios del presupuesto nacional de 2026. El proyecto contemplaba la recaudación de $16 billones adicionales en impuestos, con medidas como la aplicación de un IVA del 19% a los juegos de azar digitales, una mayor sobretasa al sector financiero y el incremento en las tarifas de patrimonio. Las propuestas buscan fortalecer la capacidad fiscal del Estado, aunque han generado resistencias en distintos sectores políticos.

El texto de la reforma mantiene estos impuestos y otros ajustes tributarios, resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno y algunos ponentes y coordinadores delegados, quienes han sostenido al menos cuatro sesiones desde finales de octubre para construir la ponencia positiva. Sin embargo, la falta de respaldo político ha dificultado su avance.

Posturas de partidos y congresistas: argumentos y tensiones

El ambiente político en torno a la ley de financiamiento es adverso. Partidos como Cambio Radical manifestaron su rechazo al proyecto al argumentar que “el país no necesita más impuestos ni promesas vacías” y proponer, en cambio, recortes de gasto para corregir el desbalance de las cuentas públicas. El Partido Liberal, tras una reunión interna, decidió de manera unificada oponerse a la imposición de nuevos tributos, instruyendo a sus miembros a impedir que el Gobierno grave a los ciudadanos.

Otros partidos, como el Centro Democrático, la U y el Verde, no hicieron pronunciamientos colectivos, pero varios de los congresistas expresaron de manera individual el desacuerdo con la reforma. La falta de consenso se tradujo en la radicación de dos ponencias negativas antes de la discusión en las comisiones económicas conjuntas. La primera, presentada por la representante Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, y la segunda, respaldada por diez senadores de la Comisión Tercera, insistían en el archivo del proyecto.

El miércoles 26 de noviembre de 2025, el Congreso abordó dichas ponencias en contra, aunque solo la Comisión Tercera de la Cámara logró votar, ya que el procedimiento requiere el acuerdo de las cuatro comisiones. La sesión se interrumpió por falta de quórum pasadas las 9:00 p. m., y la discusión se reprogramó para el miércoles 3 de diciembre.

Plazos legislativos y escenarios posibles

El calendario legislativo impone plazos ajustados para la aprobación de la reforma. El Congreso tiene hasta el 16 de diciembre para hacer los cuatro debates requeridos para una ley que modifica el Estatuto Tributario. Si no se logra en ese periodo, podrían habilitarse sesiones extraordinarias por un par de semanas adicionales, tras lo cual el proyecto pasaría a sanción presidencial.

No obstante, si el trámite no avanza, los debates podrían retomarse a mediados de febrero de 2026, en el segundo periodo de la legislatura actual, que concluye el 20 de julio. En ese caso, la ley solo entraría en vigor en 2027, lo que impediría que la actual administración perciba los ingresos adicionales, salvo por los impuestos que se modifiquen de manera inmediata, como el IVA.

Existen dudas sobre la efectividad de las sesiones extraordinarias para lograr el respaldo necesario, en especial, ante la urgencia de evitar el desfinanciamiento del presupuesto de 2026 y la persistente falta de ambiente político favorable.

Movimientos políticos: retiro de firmas y sus implicaciones

El futuro de la reforma tributaria se había vuelto aún más incierto tras la decisión de las senadoras Karina Espinosa, del Partido Liberal, y María Angélica Guerra, del Centro Democrático, de retirar sus firmas de la ponencia que proponía archivar el proyecto. La maniobra, registrada el 3 de diciembre, alteró el panorama en la Comisión Tercera, donde la iniciativa parecía encaminada a su derrota.

María Angélica Guerra explicó en su cuenta de X que su retiro obedeció a un asunto formal: “¡Dejo claro! Es un tema netamente formal. La secretaria de la Comisión Tercera de Cámara decidió que solo los ponentes debían firmar. Yo no soy ponente, pero votaré no. No categóricamente porque vamos a hundir esa reforma. Qué no se hagan ilusiones”. De este modo, aunque su nombre ya no figura en la ponencia, su oposición a la reforma permanece.

Por su parte, Karina Espinosa también aclaró en X que autorizó el retiro de su firma por razones normativas: “No soy ponente del proyecto. Mi posición sigue intacta: votaré NO a la Ley de Financiamiento. Ni un impuesto más para los colombianos”.

En intervenciones previas, Espinosa había criticado el aumento de la carga tributaria, la gestión del presupuesto y los altos gastos de funcionamiento del Gobierno. “Ni un impuesto más para los colombianos. La reforma nace para corregir errores del Gobierno, no para proteger a la gente. El presidente dijo que el pobre no necesita la gasolina. ¿No será el pobre el que más sufre con el alza de la gasolina?”, expresó la congresista. Además, cuestionó el incremento de impuestos al sector financiero y la falta de ejecución de recursos en los territorios, reflejando un clima de desconfianza hacia la gestión fiscal del Ejecutivo.