La escasez de gas en el sur de Bogotá encendió las alarmas entre autoridades y gremios industriales por el riesgo de que cientos de empresas recurran al uso de combustibles altamente contaminantes, lo que podría comprometer la calidad del aire y la salud de millones de habitantes de la capital colombiana.
La reducción en el suministro se percibe como una amenaza al avance de los planes ambientales y al bienestar de las localidades más densamente pobladas. La preocupación se centró especialmente en el corredor industrial de La Sevillana, en el sur de Bogotá, tradicionalmente señalado por sus elevados índices de contaminación.
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En este escenario, el concejal de Bogotá Fernando López advirtió que la crisis energética nacional, agravada por la escasez de gas natural, obligará a industrias del sector a utilizar combustibles derivados del petróleo, como diésel y fuel oil, que tienen un mayor impacto ambiental.
Según López, el efecto inmediato sería la exposición de más de tres millones de habitantes—particularmente de las localidades de Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda—a nuevos riesgos sanitarios y ambientales. Sobre esto, el concejal mencionó que:
“La escasez del recurso obligará a las empresas de la zona a usar combustibles altamente contaminantes, lo que podría desatar una ‘bomba de tiempo ambiental’ con graves consecuencias para la salud pública”. Además, el cabildante añadió que la decisión no se trata de un simple ajuste operativo, sino de “un retroceso tecnológico de décadas”.
Vanti, operadora del sistema de gas en la región, estimó una reducción del 30% en el suministro de gas para el sector industrial, con efecto directo en el aumento de la demanda de combustibles fósiles más contaminantes. Este escenario, aseguró la compañía, profundizaría el deterioro del aire en el sur de la ciudad, poniendo en riesgo los avances logrados con el Plan Aire 2030 y comprometiendo el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones.
El problema, apuntó López, trasciende el ámbito local y responde a una cadena de decisiones en la gestión del sistema energético nacional. Las causas incluyen la caída en la exploración de nuevas fuentes de gas, que en mayo de 2025 alcanzó su nivel más bajo en más de una década, así como los retrasos en la puesta en marcha de nuevos proyectos, obstáculos en las licencias ambientales y tensiones sociales con comunidades. Además, el incumplimiento de acuerdos internacionales como el suscrito con Venezuela ha contribuido a poner al sistema en “su mayor nivel de estrés”.
La posible utilización masiva de fuel oil y diésel generaría, de acuerdo con López, una crisis de salud pública, ya que los contaminantes liberarían partículas y gases nocivos que multiplicarían las enfermedades respiratorias y afectarían de forma directa la calidad de vida.
En busca de soluciones, López anunció que liderará la creación de una Mesa de Trabajo Intersectorial junto con la Secretaría de Ambiente, Vanti, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), empresas afectadas y ciudadanía organizada. El objetivo de este espacio será obtener un diagnóstico real del impacto de la crisis, diseñar alternativas técnicas y regulatorias para evitar el uso masivo de combustibles contaminantes, y proteger tanto la salud pública como el medio ambiente.
El concejal también presentó la proposición ‘Calidad del Aire por contaminación de combustibles’, con el fin de citar a las entidades distritales responsables para analizar la problemática y poner en marcha acciones inmediatas en defensa de los bogotanos. “No podemos permitir que la improvisación del Gobierno Nacional se traduzca en un retroceso para Bogotá. Desde la capital exigimos respuestas inmediatas y soluciones responsables”, concluyó López.
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