
La reunión programada entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se realizará este 3 de diciembre con el fin de revisar las diferencias surgidas por el posible cobro de pico y placa a vehículos registrados fuera de la capital.
Según lo señalado por ambos, la discusión se ha dado por una interpretación distinta sobre el impacto que tendría esta medida en el recaudo y en las dinámicas de movilidad. La información inicial fue publicada por Semana.
El detonante del diálogo fue el anuncio del Distrito sobre la posibilidad de que los automóviles matriculados en otros municipios, pero que circulan con regularidad por Bogotá, deban afrontar restricciones o contribuciones específicas.

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El planteamiento, según Galán, responde a la necesidad de fortalecer las fuentes de financiación para obras viales en la ciudad, teniendo en cuenta que una parte importante de los vehículos que usan la infraestructura local tributa en otras jurisdicciones.
Jorge Rey expuso que no comparte los alcances de esa propuesta, pues considera que la disminución en el pago de impuestos en Bogotá no está directamente asociada a una fuga de matrículas hacia otros territorios, sino a las restricciones adoptadas en años recientes, que habrían generado desincentivos para registrar automotores en la capital.

Para el gobernador, esta es una variable que debe revisarse de manera detallada antes de asumir que existe una migración masiva de propietarios hacia diferentes municipios.
En una intervención previa, el alcalde Galán explicó que su objetivo no es imponer cargas a quienes ingresan ocasionalmente a la capital, sino alinear el lugar de matrícula con el sitio donde un vehículo transita la mayor parte del tiempo.
“Lo que queremos es que, quien vive en Bogotá, tenga su carro matriculado acá, pues eso fomenta las inversiones para el beneficio de los usuarios de las vías”, sostuvo el mandatario distrital al ser consultado por Semana durante un evento en Cartagena.
Galán insistió en que la base de su planteamiento es la correcta aplicación del principio contenido en la normativa vigente.
Según señaló, “el espíritu de la norma es que el impuesto de vehículo debería pagarse donde se reside, porque es donde más se utilizan eventualmente los bienes que provee la ciudad”, lo que a su juicio permitiría una distribución más coherente de los aportes tributarios.
Para él, esto resulta especialmente relevante debido al crecimiento continuo del tráfico en los corredores que conectan a Bogotá con los municipios cercanos.

Las entradas y salidas de la capital han sido señaladas por las autoridades como puntos en los que se evidencia la presión sobre la infraestructura existente.
El incremento del parque automotor que proviene de municipios vecinos ha generado preocupación en los equipos técnicos del Distrito, sobre todo en horas de alta demanda.
La administración local considera que contar con un recaudo ajustado podría respaldar mejoras que favorezcan tanto a residentes como a quienes se desplazan entre territorios.
Jorge Rey, por su parte, ha manifestado que la información divulgada sobre el supuesto desbalance entre matrículas y recaudo debe analizarse cuidadosamente. En su criterio, las cifras comparadas por el Distrito no son equivalentes porque incorporan periodos distintos.
De acuerdo con sus declaraciones, Galán estaría tomando datos completos de 2024 y contrastándolos con registros parciales de 2025, lo que generaría interpretaciones que requieren revisión.
Frente a este señalamiento, el alcalde explicó que su intención no es desconocer los datos del departamento, sino construir una lectura común que permita tomar decisiones coordinadas.
El Distrito ha reiterado su interés en “trabajar en llave con la gobernación y con los municipios”, una postura que, según Galán, resulta necesaria para gestionar asuntos que afectan simultáneamente a los habitantes de Bogotá y Cundinamarca.
En este contexto, ambos mandatarios han destacado la necesidad de establecer criterios de corresponsabilidad para enfrentar los desafíos de movilidad compartidos. El aumento en el uso de los accesos viales, así como las dificultades en horas pico, representan un escenario en el que cada administración tiene diagnósticos y prioridades distintas. Sin embargo, los dos han expresado apertura para revisar propuestas y evaluar alternativas de manera conjunta.
La reunión prevista para este 3 de diciembre se perfila como un espacio para revisar información técnica, consolidar cifras comparables y discutir escenarios posibles.
El enfoque, según lo expresado por las partes, será avanzar hacia un mecanismo que permita definir responsabilidades, validar datos y acordar los pasos siguientes en relación con el manejo del tránsito de vehículos matriculados fuera de la capital.
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