La Unión Patriótica decidió apartarse de la vía administrativa interna en el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral, luego de que esta autoridad electoral emitiera una sanción derivada de la revisión de los gastos de la campaña presidencial de 2022.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la colectividad informó que activará rutas jurídicas en otras jurisdicciones y ante organismos internacionales, al considerar que el escenario dentro del CNE no ofrece condiciones suficientes para una evaluación imparcial del caso
La decisión se produjo en medio de varias reuniones internas, en las que los dirigentes de la colectividad analizaron los efectos administrativos y políticos de la sanción.
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Según explicaron voceros del partido, la renuncia a la reposición se adoptó tras revisar el alcance procesal de ese mecanismo y la manera en que sería tramitado por el mismo órgano que emitió el acto cuestionado.
Para la colectividad, el trámite interno no generaría cambios sustanciales, por lo cual la ruta internacional y contenciosa administrativa adquiere mayor relevancia. La revisión también incluyó proyecciones sobre los impactos de la sanción en el proceso de reorganización interna que la UP adelanta desde hace meses.
Uno de los puntos que más ha incidido en la discusión interna es el proyecto de fusión con el Pacto Histórico. La colectividad ha planteado en diferentes escenarios la necesidad de avanzar hacia una figura unificada, pero el pronunciamiento del CNE generó un frenazo en ese propósito.
La sanción interfiere con el proceso de adhesión formal, ya que la normativa electoral impide concretar fusiones mientras existan medidas sancionatorias vigentes.
Este panorama ha generado preocupación entre varios de los dirigentes que ven en la integración un elemento clave para la estrategia legislativa y electoral en los próximos meses.
La decisión del CNE también se conecta con otras deliberaciones en curso, especialmente en torno a los criterios con los que se determinó la responsabilidad de la campaña presidencial en el manejo de los topes de gasto.
El organismo electoral concluyó que existieron irregularidades en la contabilización, lo que obligó a un análisis pormenorizado de los reportes financieros. La UP, sin embargo, sostiene que el proceso presenta fallas estructurales y que ciertos elementos no fueron evaluados con el rigor que amerita un caso de esta complejidad.
La colectividad analiza qué instancias internacionales podrían recibir el caso y bajo qué argumentos procedimentales y normativos sustentará su solicitud.
En paralelo, dentro del Pacto Histórico se han abierto discusiones sobre el rumbo que tomará la colectividad progresista ante uno de los momentos más relevantes del calendario político.
El movimiento tiene programado inscribir sus listas al Congreso en un plazo reducido y en medio de un ambiente marcado por decisiones judiciales y electorales que pueden influir en su reorganización interna.
Dirigentes de varias organizaciones que hacen parte del Pacto avanzan en sus propios procesos sancionatorios, lo que ha generado diferentes ritmos y escenarios de resolución.
El panorama electoral se desarrolla además en un momento en el que la precandidatura presidencial de Iván Cepeda muestra niveles elevados de intención de voto, según encuestas que han circulado recientemente.
Estas mediciones han generado expectativas dentro de los sectores que conforman el Pacto Histórico, aunque la situación de la UP introduce un elemento adicional para el análisis estratégico.
La imposibilidad de formalizar la adhesión complica la consolidación de un solo partido, una iniciativa que se discute desde hace más de un año y que ahora enfrenta nuevos obstáculos derivados de la sanción.
Mientras tanto, los abogados de la Unión Patriótica continúan armando el expediente que será presentado ante las instancias internacionales y ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
El objetivo es lograr que la medida adoptada por el CNE sea anulada, lo que permitiría retomar las discusiones sobre la reorganización partidista.
La colectividad considera que este paso es necesario para garantizar que su situación jurídica pueda ser evaluada en un escenario neutral y bajo estándares que permitan una revisión integral de los procedimientos adelantados.
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